.

21/07/2010 El Espectador

El destino final de la droga era España y al parecer era propiedad de las FARC.
La Policía Federal de Argentina detuvo a dos presuntos narcotraficantes al incautarse de más de 1,2 toneladas de cocaína colombiana oculta en muebles que iban a ser enviados a España, informaron fuentes policiales.

La mayor parte del cargamento, valorado en unos 36 millones de euros, parece estar vinculado a las Farc , por lo que se pidió la colaboración de las autoridades colombianas en la investigación del caso, en manos del juez federal de Buenos Aires Jorge Brugo, indicaron.

La droga fue hallada oculta en muebles durante un allanamiento llevado a cabo en la noche del martes en un depósito de la ciudad de Avellaneda, limítrofe con la capital argentina, donde se preparaba el embarque del cargamento rumbo a España, apuntaron.

El grueso de los "ladrillos" de cocaína incautados lleva un logotipo que se vincula a narcotraficantes que actúan con las Farc, señaló el comisario Jorge Gigena, de la División Drogas Peligrosas de la Policía Federal.

Uno de los detenidos es argentino y el otro uruguayo, mientras que hay varios sospechosos prófugos, declaró a los periodistas.

Gigena dijo que se hará un estudio de las características de la droga incautada con el fin de compararla con muestras en manos de las autoridades colombianas para determinar si las FARC están vinculadas con este caso de narcotráfico.

Mientras, el juez Brugo aseguró que "nunca" había visto "tanta cocaína junta" al indicar que instruye causas por narcotráfico que en conjunto abarcan a cuatro toneladas de la droga incautada en las últimas dos semanas en este país.

"Si en 15 días se secuestraron cuatro toneladas y media, ¿cuánto salió? (del país): esto es tremendo", comentó el magistrado en declaraciones al canal C5N de la televisión local por cable.


ARG: El debate sobre drogas al Congreso.

19/07/2010 Página 12

El GEN presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar el Código Penal de acuerdo con un nuevo paradigma sobre drogadicción. El proyecto retoma los argumentos de la comisión creada por el gobierno nacional para estudiar esos cambios.

Por Emilio Ruchansky

De repente, la reforma de la política de drogas se transformó en una carrera. Ayer, un proyecto de ley para despenalizar la tenencia de drogas ilegales para consumo personal fue presentada en el Congreso por el diputado del GEN Fabián Peralta, presidente de una de las comisiones que tratarán el tema: Prevención de las adicciones y lucha contra el narcotráfico. El bloque Proyecto Sur ya estaba ideando una iniciativa similar. El oficialismo lo tiene redactado por un comité de expertos que viene trabajando desde hace más de dos años e inspiró el proyecto del GEN. El apoyo de la reforma es amplio. Algunos diputados de la Coalición Cívica como de la UCR ya adelantaron públicamente el voto favorable. Para los bloques de centroizquierda, como el socialista, el tema ya era una bandera política.

“Hay una opinión favorable generalizada, que se consolidó con el fallo Arriola de la Corte Suprema, que declara inconstitucional penar la tenencia para consumo. Ahora queremos poner el tema en el cronograma para que sea discutido y acelerar las reuniones de asesores. Nuestra idea no es presentar este proyecto y no militarlo. Vamos a militarlo porque ésta es una deuda del Poder Legislativo, tenemos que admitir el fracaso de la legislación anterior, este cambio va a ayudar a combatir el narcotráfico”, dijo anoche el santafesino Peralta, autor del proyecto, que entrará a la Dirección de Comisiones como “D 4346”.

El artículo primero de su propuesta es sustituir el penúltimo y último párrafo del artículo 5 ley 23.737, que establece penas de un mes a dos años de prisión por la tenencia de drogas para consumo personal. “No será punible cuando por la escasa cantidad sembrada, cultivada o guardada y demás circunstancias –dice el proyecto de Peralta– surja inequívocamente que está destinada a obtener estupefacientes para consumo personal.” El segundo es bajar la pena actual (de tres a doce años de prisión) a entre seis meses y tres años “cuando la entrega, suministro o facilitación (de drogas) fuere ocasional y a título gratuito y por su escasa cantidad”.

Las modificaciones incluyen el último párrafo del artículo 14, que también pena la tenencia para uso personal, y el 16, por el que a un adicto condenado por un delito se le impone “una medida de seguridad curativa”. Sobre este punto, el proyecto enfatiza que el tratamiento se hará “siempre que (el condenado) prestare consentimiento” y deberá ser reconocido y evaluado periódicamente por la autoridad sanitaria nacional o provincial. También se propone derogar del artículo 17 al 22, incluso porque en ellos “no se toma en cuenta la decisión personal de comenzar o no un tratamiento, cuestión esencial para la implicación y posterior desarrollo del tratamiento”.

El abogado Luis Osler, asesor legal de THC, una revista de cultura canábica, consideró ayer que el proyecto tiene puntos difusos. “Dejar a criterio del juez si la tenencia es para consumo personal y que sea el usuario el que demuestre ‘inequívocamente’ el fin de la tenencia vulnera el principio de inocencia”, dijo Osler. Además, señaló que no se deroga la tenencia simple, reprimida con prisión de uno a seis años: “Si no existe la tenencia simple, la policía tiene que tener un indicio de tráfico, no sólo un indicio de que alguien tiene droga. Hay que hacer inteligencia previa, porque el juez no debería determinar si la droga es para tráfico después de ordenar un arresto o un allanamiento, tiene que hacerlo antes”.
Por otra parte, la figura de suministro gratuito, cuyas penas son disminuidas en el proyecto, también se presta a cierta confusión. Si dos personas fuman un porro, la policía los arresta y uno de ellos dice que el porro es suyo, debería ser penado por suministro... Al escuchar estas observaciones, Peralta reconoce que el proyecto es perfectible. “Lo importante es la intención política, poner el tema sobre la mesa y discutirlo. Nosotros estamos abiertos a hacer los cambios necesarios para actualizar la ley”, señaló el legislador, de 44 años y aliado del socialista Hermes Binner.

“Yo visité cárceles y vi quién está preso por esto, gente pobre, ningún narcotraficante de peso. Además hablé con jueces federales de Santa Fe y me dijeron que el 90 por ciento de las causas son por consumo personal y el resto por venta minorista”, aseguró Peralta, de pasado radical y larga trayectoria en la militancia social. “En la juventud me sentía un marginal porque cada vez que planteaba el tema –recordó–, los referentes del partido siempre nos decían ‘dejá, no te metás’. Creo que voy a terminar mi mandato tranquilo y conforme si despenalizamos.”

Según Peralta, hay quórum en su comisión para avanzar con la reforma de la política de drogas, propuesta en 2007 por el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, actual jefe de Gabinete. De hecho, el 27 de mayo pasado fueron a la Cámara de Diputados los integrantes de la Comisión de Políticas Públicas de Drogas que asesora al gobierno nacional, el ex comité cuyos trabajos son citados en los fundamentos del proyecto. En esa reunión, varios diputados de las comisiones de Legislación Penal y Prevención de Adicciones apoyaron las iniciativas de los expertos sobre lavado, atención integral de los usuarios problemáticos y descriminalización del consumo.

Pese a que el puntapié inicial fue del oficialismo, tal como se publicó en la edición de ayer de este diario, faltaba el impulso de la oposición para que la reforma prospere, ya que el kirchnerismo dejó de ser mayoría en las comisiones que lo tratarían. Esta semana hubo dos apariciones del jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi, en charlas coordinadas por la Comisión de Políticas Públicas de Drogas. En una de ellas habló de un cambio de escenario. “Si el Estado y la dirigencia política principalmente no se comprometen con la problemática y la abordan integralmente, este tema le va a costar mucho a la sociedad”, dijo.

ARG: Aseguran que no sancionarán dosis bajas de tranquilizantes.

15/07/2010 El Clarín, Buenos Aires

Los operativos que empiezan esta medianoche apuntan a los excesos y a las drogas ilegales. Serán los viernes, sábados y domingos en zonas de boliches. Al que dé positivo en el test le sacarán el auto. Arranca el control de drogas a conductores.

A partir de esta noche –la 0 hora de mañana, más exactamente– los conductores podrán ser sometidos a controles no solamente de alcoholemia, sino también de drogas lícitas e ilícitas en la Ciudad de Buenos Aires.

En la primera etapa, los puestos de control se instalarán durante las madrugadas de los viernes, sábados y domingos, con ubicaciones rotativas, en zonas de boliches y movida nocturna , según se informó en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad.

Se trata de una decisión que ya ha generado polémica, porque además de drogas ilícitas –marihuana, cocaína, éxtasis y opiáceos como la heroína– también se buscará detectar la presencia de drogas lícitas, como las benzodiacepinas, que están incluidas en muchos de los tranquilizantes y ansiolíticos que son de amplio consumo en la Argentina, como los que se venden con los nombres comerciales de Alplax, Valium y Rivotril.

Desde el Gobierno porteño se aseguró, de todas maneras, que el test sólo detectará la presencia de drogas lícitas a partir de niveles de ingesta que no son compatibles con los que habitualmente recetan los médicos. El reactivo sólo detectará niveles de intoxicación y aquel que simplemente toma un tranquilizante por razones médicas no dará positivo en el control, dijeron en la Dirección de Seguridad Vial.

En cambio, se informó que el rastro del consumo de drogas ilícitas, como la marihuana y la cocaína, será detectado en cualquier cantidad y será motivo de una sanción de tránsito.
“Es muy necesario implementar estos controles porque lo que estábamos viendo es que había personas que no estaban en condiciones de manejar, pero daban negativo en los controles de alcoholemia”, dijo el director de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano.

El primer control será con un pupilómetro: un rayo de luz que mide la reacción de las pupilas y que indica la presencia de fatiga o de consumo de drogas. En caso de que el pupilómetro dé positivo, se proseguirá con un test de saliva con un reactivo, que dará el resultado al cabo de entre 5 y 7 minutos.

El procedimiento y la sanción que puede caberle a la persona que de positivo por consumo de droga lícitas o ilícitas es exactamente el mismo que para el caso de alcoholemia. Se le secuestra el auto y se le abre una causa en la Justicia Contravencional.

El artículo 111 del Código Contravencional porteño pena con multa de hasta 2.000 pesos o hasta 10 días de arresto a “quien conduce un vehículo en estado de ebriedad o bajo la acción de sustancias que disminuyen la capacidad para hacerlo”. Como en el caso de alcoholemia, someterse a este test será obligatorio .

Juan Carlos Damin, titular de la cátedra de toxicología de la Facultad de Medicina de la UBA, dijo a Clarín que la medida es positiva, aunque advirtió que podría haber dificultades para su aplicación de la manera en que está planteada.

“Todas las drogas que se controlarán –explicó– afectan el sistema nervioso central y por lo tanto comprometen la conducción de vehículos. De hecho, si usted lee los prospectos de los tranquilizantes, entre las contraindicaciones figura que no se debe conducir. Y yo, como médico, debo decir que una persona medicada no debe manejar. Sucede que es muy difícil discriminar hasta qué cantidad de droga no afecta y a partir de qué cantidad sí afecta”.

“Por la información que tengo sobre los controles, el que tome 0,5 miligramos de Clonazepam (Rivotril) no dará positivo a la mañana siguiente. Pero distinto puede ser el caso del que tome 2 miligramos tres veces por día”, agregó.

Este tipo de controles existe desde hace años en países como Australia, Noruega y Suiza y en algunos estados de Estados Unidos, pero Buenos Aires será la primera ciudad latinoamericana en implementarlos.

“Se trata de cuidar la vida de los conductores y de las demás personas. Los que consumen drogas no pueden conducir. No me interesa qué hacen en su vida privada. Ahora, si el fiscal que interviene le quiere dar parte a la Justicia Federal, esa ya es una decisión suya. Lo que buscamos con esta decisión es que la gente tome conciencia sobre los riesgos de conducir bajo efectos del alcohol o drogas”, dijo el ministro de Justicia porteño, Guillermo Montenegro.