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20/07/2010 El Comercio, Quito

En lugar de capturar a los sospechosos de un delito, algunos policías optaron por asesinarlos al calor de los operativos de seguridad.

“No he recibido nada que indicara que las muertes causadas por la Policía fueran algo generalizado o sistemático. Sin embargo, han muerto personas por tortura o a balazos”.

27 muertes provocadas por la Policía desde el 2005 hasta la actualidad fueron denunciadas.
Lo dijo Philip Alston, relator de las Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales. La afirmación consta en el informe que él hizo público el 15 de julio, tras realizar una investigación de 10 días sobre abusos a DD.HH. y muertes extrajudiciales.
 
“El inspector general de la Policía suministró información sobre 27 muertes causadas por la Policía desde el 2005 hasta la fecha”, agregó Alston.

Ayer, el comandante general de la Policía, Freddy Martínez, reconoció que esa información fue entregada a Alston, pero señaló que los gendarmes involucrados fueron sancionados.

“Nosotros mismo hemos denunciado los desaciertos de la institución. Hace poco, por citar un caso, no tuvimos empacho de sacar de la institución a un capitán que no estaba actuando conforme a la Ley”.

Pero Alston cree que hay pocos indicios de que la dependencia de Asuntos Internos de la Policía pueda operar de manera “independiente y eficaz”.

Martínez respondió: “No voy a ponerme a juzgar lo que él (Alston) dice, solo voy a plantear la verdad. ¿Por qué no ha dicho que también habemos policías honestos y que han caído en el cumplimiento del deber? ¿Por qué no muestra las estadísticas de los abatidos en las calles?”.

Alston reconoce que las reformas que fueron incluidas recientemente por el inspector general de la Policía son un avance para desarrollar por primera vez un sistema profesional policial, pero también cree que aún es necesario contar con la capacidad de indagar de forma imparcial. “No hay independencia a la hora de investigar graves alegaciones de mala conducta por parte de oficiales de alto rango”.

En su informe, Alston también critica al sistema de justicia y en especial a la Fiscalía. Dijo que esa institución está más preocupada de hacer “relaciones públicas”, que de investigar los casos.

Por ello, el titular del Ministerio Público, Washington Pesántez, dijo que el informe de Alston será revisado, pero “archivado”, porque provenía de un “burócrata internacional”.

Ayer, en cambio, el ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, se encargó de bajar el tono de esa crítica. “El informe del relator de la ONU es muy importante, por lo que hay que recuperarlo, trabajarlo y analizar cada una de sus conclusiones”, señaló.

Pueden haber exageraciones por el corto tiempo que estuvo en el país, pero son referentes que deben ser considerados.

Jalkh agregó: antes de dejar el país, Alston felicitó el trabajo que realiza el Ministerio de Gobierno en su lucha contra el sicariato.

“El relator también acogió la propuesta del Ministerio de crear una comisión especializada para que controle a la Policía Nacional”. La existencia de esta entidad, dijo Jalkh, no implicará la desaparición del sistema disciplinario policial, “pero los temas relacionados con derechos humanos se realizarían un seguimiento desde el Ministerio”.

El Comandante de la Policía aseguró que la creación de esa comisión especializada entró en marcha antes de que sea recomendada por el relator de la ONU, en su informe.

El Ministro de Justicia y DD.HH., José Serrano, también se sumó al reconocimiento al trabajo de Alston. Según el Ministro, el documento de la ONU pudiera servir para corregir ciertos procedimientos específicos relacionados con las investigaciones.

“Determina el grado de impunidad con el que se manejan las cosas y ese grado de impunidad está ligado a los jueces. Ellos no resuelven casos y permiten caducar prisiones preventivas”.

Eso ocurre en Guayas y claramente nosotros sabemos quién ha estado manejando la justicia en la provincia, dijo Serrano. Ahí está uno de los elementos fundamentales de la impunidad en el país.

Quien no dio el brazo a torcer en torno al trabajo de Alston fue el fiscal Washington Pesántez. Ayer, durante el minuto cívico en la Fiscalía General, volvió a decir que no aceptará que “se venga desde afuera a pretender darnos lecciones de lo que tenemos que hacer en el país”.

Conocemos a nuestra institución y la problemática diariamente. Si alguien viene a pasar una semana acá de visita y parte de turismo -insistió Pesántez-, no nos puede dar lecciones de lo que tenemos que hacer y peor irrespetar instituciones básicas en la estructura del país.
“Rechazamos actitudes subjetivas, poco ponderadas de aquellas personas que, a pretexto de ser parte de una burocracia, pretenden ponernos estándares”.

Cuatro   puntos de vista

José Ayala Lasso /   Ex canciller

‘El relator ha escrito un informe  bastante crítico’

El Relator  vino  a Ecuador   con bagaje   de conocimientos y datos. Llegó   e hizo su  investigación y ha escrito un informe que es bastante crítico. El Ecuador debería recibirlo con mucho interés, para  examinar, estudiar y   ver cuáles son las recomendaciones y sugerencias hechas por el  funcionario.

Además,   ver cómo mejorar  la práctica nacional de respeto a los Derechos Humanos.

Cualquier otra reacción  sobre la base de que somos un país soberano  y no permitimos que se nos juzgue es una  respuesta    absolutamente infantil,  desproporcionada e   inadecuada.

Entonces, un país que quiere progresar en el respeto a los DD.HH.    debe estar preparado para reconocer sus errores y tener la voluntad firme de enmendar las falencias.

Rodrigo Bucheli / Penalista

‘La justicia no puede ni debe tener influencias’

Al formular sus observaciones, el Relator a asume una actitud eminentemente objetiva, porque la justicia penal se encuentra en una situación crítica.

En ocasiones depende de elementos exógenos, como el político. De tal manera que el planteamiento que hizo el representante de las Naciones Unidos llega a la esencia de lo que vive el sistema penal.

El ejercicio de la justicia no puede ni debe tener influencia alguna ni de la Función Ejecutiva ni de nadie, porque puede interferir en su desarrollo. Con respecto al bajo índice de las sentencias, eso depende de varios aspectos. Por ejemplo, en el momento en Ecuador tenemos un código penal que no tiene razón de ser. Esos aspectos hay que mejorar para avanzar.

Gardenia Chávez / DD.HH.

‘Nos parece adecuado el llamado de atención’

El informe es muy importante para el país. Es necesario destacar que es una opinión calificada sobre el tema. El Relator se reunió con diversos actores, tanto estatales como de la sociedad civil, para poder recabar información sobre posibles ejecuciones extrajudiciales.

A partir de los casos y testimonios que se presentan, él hace un pronunciamiento y nosotros coincidimos con ello. Nos parece que es acertado y adecuado el llamado de atención urgente que realiza el Relator de las NN.UU. sobre el tema.

Creemos que la postura más adecuada (de Ecuador) es poder establecer una investigación a profundidad de los temas que se plantean y tomar con seriedad, pues es un experto de ONU que trabaja a escala mundial.

Daniel Pontón / Académico

‘El informe es cargado contra la Policía’

El tema hay que leerlo un poco en el sentido político. Me parece que este debate se da en un ámbito marcado por un tipo de tensiones de índole geopolítico. Esto puede tener consecuencias internas y forjar una agenda de cooperación con Colombia, por ejemplo, para temas de inteligencia, seguridad en la frontera, etc.

El informe está bastante cargado a lo que son abusos de la Policía y la posición de la Función Judicial frente a la seguridad. Allí hay que hacer un análisis autocrítico, hay que asumir lo bueno y lo malo de la Policía. Dentro de esta institución, prácticas como limpieza social no es nuevo.

Y, sin querer herir susceptibilidades, puede ser que se haya recrudecido como producto de los problemas de inseguridad.


ECU: Correa anuncia unidades de inteligencia contra sicariato

16/07/2010 El Comercio, Quito

Ecuador alista unidades de inteligencia para combatir a los asesinos a sueldo, cuyos crímenes representan 14% de los homicidios que se cometen cada año en el país, anunció el viernes el presiente Rafael Correa.

“Obviamente tenemos que enfrentar el delito del sicariato, que está vinculado más bien al crimen organizado. Ahí se necesitan nuevas estrategias que también estamos preparando, como por ejemplo unidades de inteligencia”, dijo Correa en una entrevista radial.

El mandatario reconoció que los homicidios, y en particular los asesinatos pagados, “han crecido”, pero aseguró que no es un fenómeno exclusivo de Ecuador y que en contraste otros delitos han bajado.

 “Estamos muy esperanzados en poder enfrentar este flagelo que es planetario. En todas partes del mundo ha aumentado el sicariato y los homicidios, pero por eso no vamos a permitir que en nuestro país aumente”, señaló.

Correa destacó que la estrategia de seguridad del gobierno ha “avanzado” al punto que en 2009 el delito “sólo creció 1%”, con lo cual se “rompió la tendencia” que había elevado esa tasa a 9% desde 2000. “Y este año esperamos bajarla” más, dijo.

El jueves el relator de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, denunció en Quito que “por lo menos un 14% de las muertes (violentas) que suceden en Ecuador cada año se dan a manos de asesinos a sueldo”, y que el problema no recibe atención adecuada por parte de las autoridades.

Según la Fiscalía, en 2009 se registraron 2 286 denuncias de asesinato (muerte con alevosía) , mientras que los homicidios (muerte provocada) sumaron 1 659.


ECU: 130 reos con sentencia irán a nueva cárcel

15/07/2010 El Telégrafo

La inversión en general incluyó la construcción del muro perimetral. Se dotó de energía eléctrica, agua potable y ventilación.

Como una de las primeras metas cumplidas, en la nueva política de rehabilitación social que impulsa el Gobierno, fue calificada la inauguración del Centro de Rehabilitación Social No. 2 (CRS-2), ayer en Guayaquil.

José Serrano, ministro de Justicia, señaló que el CRS-2, cuando fue entregado a la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS), no contaba con las instalaciones adecuadas para acoger a las personas privadas de libertad (PPL).

Detalló que la infraestructura tenía filtraciones en la cubierta, carecía de servicios básicos y  áreas para cocina, comedor y lavandería, lo que hacía inutilizable el pabellón.

La situación  cambió en abril del presente año, indicó Serrano, cuando el Ministerio que él dirige asumió la responsabilidad de administrar el reclusorio bajo un diferente modelo de gestión de rehabilitación social. Para ello, la cartera de Estado invirtió 500 mil  dólares en  la ejecución  de varias obras  para su normal funcionamiento.

Alexandra Zumárraga, titular de la DNRS, manifestó que la entidad ha invertido un total de 291 mil dólares, aparte del medio millón de dólares financiado por el Ministerio de Justicia.

La inversión en general incluyó la construcción del muro perimetral. Se dotó de energía eléctrica, agua potable y ventilación.

También se instalaron dispositivos de seguridad en los diferentes accesos; se colocaron cámaras de vigilancia y se destinaron espacios para el  comedor, locutorio, biblioteca, cuartos de visitas,  lavanderías, capilla, entre otras adecuaciones.

La inversión en general incluyó la construcción del muro perimetral. Se dotó de energía eléctrica, agua.

Marien Segura, directora del nuevo reclusorio, indicó que 130  personas se alojarán allí. Y confirmó que se trata de un centro de máxima seguridad en el que se recluirá  solo a los sentenciados y con alto  nivel de agresividad.

Asimismo, informó que la Asociación Afroecuatoriana “Mujeres de Lucha” será la responsable de proveer la alimentación a los PPL.

Segura explicó que  se decidió contratar un proveedor exterior, porque el espacio físico construido inicialmente para la cocina  no reunía los requisitos básicos para funcionar.
La designación de la directora fue a través de un concurso público.