El 24 de febrero, la JIFE presentó su Informe Anual de 2009, aunque en realidad se refiere a los hechos ocurridos el 2008, con un retraso de casi dos años. Dice, por ejemplo, que la producción de cocaína en América Latina ha bajado de 994 a 845 toneladas, y que hay 167,600 hás de coca cultivada.
El Centro de Investigación “Drogas y DD.HH” (CIDDH), -que el 8 de febrero organizó en Lima la Conferencia Internacional sobre Reforma Legal en Políticas de Drogas” para revisar los casos de Ecuador, Argentina, Bolivia, entre otros-, quiere responder a la parte del Informe Anual, que refiere que en América Latina, el discurso sobre la despenalización de las drogas, “puede dar un mal mensaje” (pto 453, pág 75).

• Los cambios legales que vienen ocurriendo, son consecuencia del fracaso de la guerra que plantea el sistema de la ONU y entidades como la JIFE, en los países de América Latina, a pesar que allí se incauta más de la mitad de la cantidad de cocaína producida. Este sistema, pretende reducir la oferta y la demanda global de drogas y no lo consigue; está compuesto de leyes basadas en la sanción penal generalizada, con legislación de emergencia, usualmente procedimientos especiales y un alto grado de reclusión.

• ¿Ello disuade a la población joven marginalizada de involucrarse en actividades ilícitas o abusos problemáticos? ¿Acaso previene los niveles de criminalidad asociada a las drogas? Las cifras policiales y carcelarias nacionales y regionales, demuestran que no;

• Sobre las reformas que ocurren en Ecuador, Bolivia, Argentina, no solo se trata de un tema de interpretación, como dice la JIFE. Son consecuencia de las cifras obtenidas en el pasado, los impactos negativos de las políticas (derechos humanos, corrupción, violencia), así como los escasos resultados, contra el verdadero crimen organizado.

• Más de un millón de personas recluidas en las prisiones de América Latina; 120% de sobre población afecta a 26 países. La situación carcelaria de la región es muy delicada. El 25% de esa población, está detenida por delitos de drogas. Se encuentra en alto nivel de hacinamiento, es con frecuencia procesada sin sentencia, con penas exageradas; la mayor parte constituida por micro comercializadores, transportistas pequeñas, y ”mulas”.

• Las policías nacionales tienen amplia discrecionalidad para involucrar los eslabones más débiles de la cadena ilícita: usuarios, campesinos, “mulas”. El Informe Dice que un millón de personas han probado drogas ilícitas. Vuelve la pregunta, ¿la criminalización y la penalización resuelve el problema de salud? No, ello explica la posición del artículo 364 de la Constitución del Ecuador.
Cuando el informe de la JIFE recomienda de forma intolerante: ”if not resolutely cauntered” (si no son atajados de forma resuelta) “they will undermine national and international efforts” (debilitarán los esfuerzos nacionales e internacionales), lo único que refleja es poca voluntad para el debate y confrontación democráticas sobre los fundamentos de sus prácticas y la responsabilidad por sus malos resultados.

Lima, 25 de Febrero del 2010