| |
|
|
 |
| Plan Nacional contra las Drogas |
|
|
2005-2007
INDICE DEL PLAN.
A- INTRODUCCIÓN _____________________________________________________________________3
1- PRINCIPIOS RECTORES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL FRENTE AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ______4
2- MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL EN MATERIA DE ESTUPEFACIENTES__________________________6
B- OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES _________________________________________________17
1- MARCO CONCEPTUAL CON RESPECTO A LA REDUCCIÓN DE LA DEMANDA. _____________________17
2- POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DEL ÁMBITO DE REDUCCIÓN DE LA DEMANDA._____________________18
A) POLÍTICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN.________________________________________________18
B) POLÍTICAS EN MATERIA DE ASISTENCIA._________________________________________________23
3- MARCO CONCEPTUAL CON RESPECTO A LA REDUCCIÓN DE LA OFERTA. _______________________26
4- POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS EN EL ÁMBITO DE REDUCCIÓN DE LA OFERTA._____________________27
5- OBSERVATORIO ARGENTINO DE DROGAS ________________________________________________38
A) MARCO CONCEPTUAL_________________________________________________________________38
B) MARCO LEGAL_______________________________________________________________________39
C) OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES_________________________________________________40
6. COOPERACIÓN INTERNACIONAL ________________________________________________________43
A) OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES__________________________________________________43
C- EVALUACIÓN ________________________________________________________________________47
1- PROCESO DE EVALUACIÓN _____________________________________________________________47
2- INDICADORES DE EVALUACIÓN _________________________________________________________47
2.1 INDICADORES EN EL AMBITO DE REDUCCIÓN DE LA DEMANDA. _____________________________47
PREVENCIÓN _____________________________________________________________________47
ASISTENCIA ______________________________________________________________________49
2.2 INDICADORES EN EL ÁMBITO DE REDUCCIÓN DE LA OFERTA. _______________________________50
2.3 INDICADORES DEL OBSERVATORIO ARGENTINO DE DROGAS._______________________________55
2.4 INDICADORES EN EL ÁMBITO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. ___________________________56
D- ANEXO ESTADÍSTICO Y EPIDEMIOLÓGICO ________________________________________________58
1- AMBITO DE REDUCCIÓN DE LA DEMANDA_________________________________________________58
2 -AMBITO DE REDUCCIÓN DE LA OFERTA. __________________________________________________73
A- Introducción
De acuerdo a la Declaración Política aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en junio de 1988, el problema de las drogas debe ser enfocadode modo multidimensional incluyendo el cultivo ilícito, la producción, la manufactura, la venta, la demanda, el tráfico y la distribución de estupefacientes,sustancias psicotrópicas y estimulantes de tipo anfetamínico, como así también el desvío de precursores químicos y todas aquellas actividades delictivas relacionadas.
En virtud de los compromisos asumidos internacionalmente por nuestro país, en especial en el ámbito de la Organización de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, y de la normativa nacional frente al problema de las drogas, existen una serie de principios rectores que deben orientar las estrategias, objetivos y acciones del presente Plan Nacional. Tales principios son concordantes con las obligaciones asumidas por nuestro país en los foros y organismos internacionales especializados en materia de drogas. En esta especial materia, Argentina ha ratificado Convención Única de la ONU sobre
Estupefacientes, 1961, modificada por el Protocolo de 1972; la Convención de la ONU sobre Sustancias Psicotrópicas, 1971; y la Convención de la ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, 1988.
Por otra parte, en el ámbito hemisférico, nuestro país ha adoptado, mediante Decreto 1339 del año 1996, la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio aprobada por la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas en su Vigésimo Período Ordinario de Sesiones que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires en el mes de octubre de 1996. De acuerdo a los considerandos del mencionado decreto, la Estrategia propone una serie de acciones programáticas “concordantes con las postuladas por el Gobierno Nacional, en especial en materia de la no libre disponibilidad de las drogas; reducción de la demanda; reducción de la oferta y medidas de control”.
Si bien la estrategia tiene carácter recomendatorio, el Decreto 1339/96 establece que “en la formulación del Plan Federal de Prevención Integral de la Drogadependencia y de Control del Tráfico Ilícito de Drogas, y en la ejecución de los programas establecidos en los artículos 2º y 9º, respectivamente, del Decreto 623/96”, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación debe adoptar los principios y postulados programáticos contenidos en ese documento.
Naciones Unidas, A/RES/S-20/2, 9th Plenary Meeting, 10 de Junio de 1998. Plan Nacional contra las Drogas Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico
1- Principios Rectores de la Estrategia Nacional frente al Problema de las Drogas
• Integralidad
Tal como ha sido establecido en la Declaración Política de Naciones Unidas de 1988 y en la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio, la respuesta frente al problema de las drogas requiere una aproximación integral que aborde todas y cada una de sus diferentes manifestaciones.
El principio de integralidad implica desarrollar acciones en todas las instancias en las que se manifiesta la problemática de las drogas, es decir, el control de la oferta, la reducción de la demanda, y todas aquellas acciones que de algún modo contribuyan a enfrentar de modo adecuado este fenómeno complejo.
No obstante, la integralidad no debe entenderse en términos de un tratamiento uniforme para todas las manifestaciones del problema o con respecto a los actores involucrados en cada una de ellas, sino que deben abordarse de acuerdo a sus especificidades aunque de manera coordinada.
• Responsabilidad Compartida.
En virtud de tratarse de un problema que afecta a todos los Estados, las acciones contra las drogas deben enfocarse como una responsabilidad común y compartida. Si bien en cada Estado las múltiples manifestaciones del problema se presentan de modo diferenciado, las acciones domésticas deben acompañar los esfuerzos internacionales fomentando su abordaje multilateral.
Tal como ha sido afirmado en la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio, ante la complejidad y globalidad del problema, surge la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en la materia. De este modo, el principio de responsabilidad compartida no sólo exige una adaptación a los estándares y lineamientos internacionales consensuados en materia de drogas, sino también la activa participación de nuestro país en la construcción de esos estándares y lineamientos de modo de asegurar no solo una debida contribución a la mejora de la estrategia vigente sino también que esa estrategia refleje y responda de manera adecuada a la realidad local.
• Proporcionalidad.
El principio de proporcionalidad exige que se provea un trato equilibrado a las acciones que se desarrollen tanto en el ámbito del control de la oferta como en el de reducción de la demanda.Esto ha sido recogido tanto en la Declaración de Naciones Unidas de 1988 como en la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio, en la que los Estados reconocen la necesidad de abordar todos los aspectos del fenómeno de manera integral y equilibrada.
• Flexibilidad.
Teniendo en cuenta el dinamismo y la complejidad con los que se manifiesta el problema de las drogas, el principio de flexibilidad exige que las estrategias puedan ser constantemente actualizadas y revisadas.
Esta flexibilidad debe permitir una adaptación de las políticas frente a nuevas realidades y escenarios, tanto en materia de control de la oferta como de reducción de la demanda.En tal sentido, la Estatregia Antidrogas en el Hemisferio reconoce lanecesidad de una constante revisión y perfeccionamiento e las políticas nacionales en materia de drogas.
• Adecuación a la realidad local.
El principio de adecuación a la realidad local exige que, de un modo permanente, se tengan en cuenta las particularidades con las que se manifiesta el fenómeno en cada país y el debido respeto a la soberanía, a los principios constitucionales y al resto del ordenamiento jurídico interno. Tal como se afirma en la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio los compromisos que se abren a partir de la responsabilidad compartida deben desarrollarse teniendo presente el contexto socioeconómico y cultural en el cual tienen lugar y la estricta observancia del orden jurídico interno de los países del Hemisferio.
2- Marco Legal e Institucional en Materia de Estupefacientes
En nuestro país se encuentra vigente la ley 23.737, sancionada el 21 de septiembre de 1989 y promulgada el 10 de octubre de ese mismo año, que establece el régimen legal sobre estupefacientes. Además, Argentina ha ratificado una serie de tratados internacionales vinculados a esta especial materia, a saber, la Convención Única de Naciones Unidas sobre Estupefacientes (1961), modificada por el Protocolo de 1972; la Convención de Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas (1971); y la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (1988). Por otra parte, en el ámbito hemisférico, Argentina ha adoptado mediante el decreto 1339/96, la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio aprobada por la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas en su Vigésimo Período Ordinario de Sesiones que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires en el mes de octubre de 1996.
De acuerdo al artículo 77 del Código Penal el término estupefacientes comprende a los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias susceptibles de producir dependencia física o psíquica que se incluyan en las listas que se elaboren y actualicen periódicamente por decreto del Poder Ejecutivo Nacional.
La ley 23.737 tipifica, entre otras conductas, la tenencia simple, la tenencia para consumo personal y la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Los delitos de tráfico de estupefacientes en sus distintas modalidades están tipificados en los artículos 5 a 7 de la mencionada ley.
El artículo 5 de la ley 23.737 castiga con pena de reclusión o prisión de cuatro a quince años y multa al que sin autorización o con destino ilegítimo:
a) Siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables para producir estupefacientes, o materias primas, o elementos destinados a su producción o fabricación;b) Produzca, fabrique, extraiga o prepare estupefacientes;c) Comercie con estupefacientes o materias primas para su producción o fabricación o los tenga con fines de comercialización, o los distribuya, o dé en pago, o almacene o transporte;d) Comercie con plantas o sus semillas, utilizables para producir estupefacientes, o las tenga con fines de comercialización, o las distribuya, o las dé en pago, o las almacene o transporte;e) Entregue, suministre, aplique o facilite a otro estupefacientes a título oneroso. Si lo fuese a título gratuito, se aplicará reclusión o prisión de tres a doce años y multa. Si los hechos previstos en los incisos precedentes fueren ejecutados por quien desarrolla una actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación del poder público, se aplicará, además, inhabilitación especial de cinco a quince años. En el caso del inciso a), cuando por la escasa cantidad sembrada o cultivada y demás circunstancias, surja inequívocamente que ella está destinada a obtener estupefacientes para consumo personal, la pena será de un mes a dos años de prisión y serán aplicables los artículos 17, 18 y 21.
Por otra parte, el artículo 6 reprime con reclusión o prisión de cuatro a quince años y multa al que introdujera al país estupefacientes fabricados o en cualquier etapa de su fabricación o materias primas destinadas a su fabricación o producción, habiendo efectuado una presentación correcta ante la Aduana y posteriormente alterara ilegítimamente su destino o uso. En estos supuestos la pena será de tres a doce años de reclusión o prisión, cuando surgiere inequívocamente, por su cantidad, que los mismos no serán destinados a comercialización dentro o fuera del territorio nacional. Si los hechos fueren realizados por quien desarrolle una actividad cuyo ejercicio depende de autorización, licencia o habilitación del poder público, se aplicará además inhabilitación especial de tres a doce años.
De acuerdo con el artículo 7 de la citada ley, se aplicará pena de reclusión o prisión de ocho a veinte años y multa al que organice o financie cualquiera de las actividades ilícitas a que se refieren los artículos 5 y 6 de la misma ley.
Por su parte, el artículo 14 de la referida ley tipifica la tenencia simple de estupefacientes y la tenencia para consumo personal. De acuerdo a este artículo, se reprime con prisión de uno a seis años y multa al que tuviere en su poder estupefacientes. El segundo párrafo del mismo artículo establece que la pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal.
Los artículos 16, 17, 18 y 21 de la Ley 23.737 establecen las denominadas medidas de seguridad educativa y curativa.
Cuando el condenado por cualquier delito dependiera física o psíquicamente de estupefacientes, el juez le impondrá además de la pena una medida de seguridad curativa consistente en un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación por el tiempo necesario a esos fines.
De igual modo, en los casos de tenencia de estupefacientes para uso personal, una vez declarada la culpabilidad del autor y si éste dependiera física o psíquicamente de estupefacientes, el juez tiene la facultad de dejar en suspenso la aplicación de la pena y someterlo a una medida de seguridad curativa por el tiempo necesario para su desintoxicación y rehabilitación.
Asimismo, en el caso que existiese semiplena prueba de que la tenencia es para uso personal, existieran indicios suficientes a criterio del juez de la responsabilidad del procesado, y éste dependiera física o psíquicamente de estupefacientes, con su consentimiento, se le aplicará un tratamiento curativo por el tiempo necesario para su desintoxicación y rehabilitación, suspendiéndose el trámite de la causa.
En el caso de tenencia para consumo personal, cuando el procesado no dependiera física o psíquicamente de estupefacientes por tratarse de un principiante o experimentador, el juez de la causa podrá, por única vez, sustituir la pena por una medida de seguridad educativa. Dicha medida debe comprender el cumplimiento obligatorio de un programa especializado relativo al comportamiento responsable frente al uso y tenencia indebida de estupefacientes y debe contar con una duración mínima de tres meses.
Por otra parte, el desvío de precursores químicos se encuentra legislado en el artículo 24 de la ley 23.737 que tipifica penalmente la conducta de quien sin autorización o violando el control de la autoridad sanitaria, ingrese en la zona de frontera delimitada por ley, precursores o productos químicos aptos para la elaboración o fabricación de estupefacientes.
Las penas previstas para tal infracción son: multa, inhabilitación especial y comiso de las mercaderías en infracción.
El artículo 44 de la ley de estupefacientes establece que las empresas o sociedades comerciales que produzcan, fabriquen, preparen, exporten o importen sustancias o productos químicos autorizados y que por sus características o componentes puedan ser derivados ilegalmente para servir de base o ser utiliza
dos en la elaboración de estupefacientes, deberán inscribirse en un registro especial que funcionará en la Jurisdicción que determine el Poder Ejecutivo Nacional y que deberá mantenerse actualizado mediante inspecciones periódicas a las entidades registradas. El incumplimiento de esta obligación se encuentra sancionado con pena de inhabilitación y multa.
Existen asimismo sanciones de naturaleza administrativa establecidas en el decreto 1095/96 y su modificatorio 1161/00, consistentes en la suspensión o cancelación de la autorización para operar con precursores químicos para todos aquellos que infrinjan dicha normativa.
Las sustancias químicas sometidas a control se encuentran enunciadas normativamente en el Anexo I del decreto 1095/96, modificado por el 1161/00 que contiene tres listas o categorías de sustancias sometidas a control, siendo la lista I, aquella que está sometida a la fiscalización mas severa y así sucesivamente en orden decreciente.
El registro de personas físicas o jurídicas habilitadas para operar con sustancias químicas controladas para la elaboración de estupefacientes se denomina “Registro Nacional de Precursores Químicos” y funciona en el ámbito de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación (Poder Ejecutivo Nacional).
Con relación a los bienes decomisados o el producido de su venta, de acuerdo al artículo 39 de la ley 23.737, se destinan a la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes, su prevención y la rehabilitación por los afectados por el consumo.
El mismo destino se otorga a las multas que se recauden por aplicación de esa ley.
Los jueces o las autoridades competentes deben entregar las multas, los beneficios económicos y los bienes decomisados o el producido de su venta, a la Comisión Mixta de Registro, Administración y Disposición – ley 23.737 -, la que está conformada por miembros permanentes de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Comisión Mixta de Registro, Administración y Disposición – ley 23.737- es la encargada de administrar los beneficios económicos a los que se refiere el artículo 30 de la ley de estupefacientes, los bienes decomisados mediante sentencia condenatoria y los respectivos producidos de sus ventas, así como las multas que se recaudaren por aplicación de la ley mencionada (artículo 6 Decreto 101/00).
Con relación al marco institucional a partir del que se desarrolla el Plan Nacional, cabe indicar que el artículo 2 del decreto 623/96 encomienda a la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Nación la elaboración y aprobación del “Plan Federal de Prevención Integral de la Drogadependencia y de Control del Tráfico Ilícito de Drogas”.
El artículo 3 del citado decreto, determina que los Ministerios y Secretarías, deberán prestar su colaboración en la formulación de dicho Plan e incluir en sus objetivos, metas a alcanzar, acciones, medios a emplear y medición de resultados, los que en cada caso correspondan en orden a sus respectivas competencias, misiones y funciones.
Por otra parte, el artículo 5 de este mismo decreto faculta a la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico a proponer y elaborar con los gobiernos de provincia, un acuerdo interestadual marco para coordinar la elaboración y ejecución del Plan.
Asimismo, el artículo 15 del decreto 623/96 facultó a la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Plan Nacional contra las Drogas Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico para proponer a los -entonces- Ministerios de Cultura y Educación y de Salud y Acción Social los programas de formación de profesionales de la educación en diversos aspectos relacionados con el uso indebido de drogas, previstos en el artículo 42 de la ley 23.737. Además, los distintos organismos de la Administración Pública que tengan a su cargo el dictado de carreras, cursos y programas de formación, capacitación o perfeccionamiento, sean estos de grado o de post-grado, deberán incluir a propuesta de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico materias de estudios que posibiliten la capacitación en los aspectos referidos a la prevención y asistencia de la drogadependencia y a la legislación y control del tráfico ilícito de drogas.
Por su parte, el decreto 1119/96 modificado por el 342/97 creó un Comité de Trabajo Conjunto compuesto por representantes de los -entonces- Ministerios de Salud y Acción Social, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Cultura y Educación, Administración Nacional del Seguro de Salud, Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, que tiene como objetivos unificar el accionar de los citados organismos a los efectos de posibilitar el efectivo cumplimiento de lo establecido en el artículo 1 inciso b) (prestación obligatoria a cargo de las obras sociales de la cobertura para los tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos de las personas que dependan física o psíquicamente del uso de estupefacientes) y artículo 2 de la ley 24.455 (prestación obligatoria a cargo de las obras sociales de la cobertura para los tratamientos correspondientes a las medidas de seguridad curativa y educativa establecidas en la ley 13.737) y en los artículos 13 (planes y programas que posibiliten aplicar las medidas de seguridad curativa y educativa y los tratamientos establecidos en la ley 23.737) y 14 del decreto 623/96 (partidas presupuestarias para centros públicos provinciales de recuperación de adictos y para el desarrollo de las medidas de seguridad curativa y educativa).
Asimismo, tiene competencia para realizar la evaluación y seguimiento permanente de la aplicación de la ley 23.737, sus modificatorias y complementarias, pudiendo realizar a tal fin los trabajos de investigación, estadísticas y análisis del derecho comparado que sean pertinentes para posibilitar la medición de resultados y la elaboración de propuestas modificatorias a las normas vigentes en la materia de su competencia.
Finalmente, la resolución 336/97 del Ministerio de Salud creó una Comisión presidida por el Director Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y compuesta por representantes de dicho organismo, de la Subsecretaría de Regulación y Fiscalización, de la dirección Nacional de Fiscalización Sanitaria y de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, cuyo objetivo es analizar, evaluar y promover normas relacionadas con la producción, Plan Nacional contra las Drogas Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico comercialización, depósito y dispensación de drogas psicotrópicas, estupefacientes y de adicción.
De acuerdo al decreto 1341/02, modificado por el decreto 1440/02 y eldecreto 2300/02, la Subsecretaría Técnica de Planeamiento y Control del Narcotráfico
tiene como responsabilidad primaria el cumplimiento de los siguientes
objetivos:
1. Determinar los planes y programas de acción conjunta contra la producción, el tráfico y la comercialización ilícitos de drogas, el control de los precursores y sustancias químicas utilizables en la producción de drogas ilícitas.
2. Coordinar y programar las distintas estrategias a seguir con el Poder Judicial, Legislativo, Fuerzas de Seguridad y Policiales y demás organismos comprometidos en la lucha contra el narcotráfico, y el desvío de precursores químicos.
3. Coordinar la implementación del "Plan Federal de Prevención de la Drogadependencia y del Control del Tráfico Ilícito de Drogas" en lo referente a su materia, y ejercer la presidencia de la Comisión de Estrategia Conjunta.
4. Asistir al Secretario del Área en la elaboración de proyectos de legislación en materia de control del narcotráfico.
5. Efectuar investigaciones relacionadas con los temas de su competencia.
Cabe mencionar que el decreto 1341/02 incluía en la órbita de la Subsecretaría Técnica de Planeamiento y Control del Narcotráfico dos grandes áreas, a saber, la Dirección de Planificación y Control del Tráfico Ilícito de Drogas y Precursores Químicos, y la Dirección Nacional de Prevención y Control de Lavado de Dinero. Esta última fue eliminada mediante el decreto 1440/02.
La Dirección Nacional de Planificación y Control del Tráfico Ilícito de Drogas y Precursores Químicos tiene como responsabilidad primaria planificar y ejecutar la acción conjunta contra el tráfico y comercialización de drogas ilícitas, entender en las relaciones con el Poder Legislativo y Poder Judicial y efectuar el análisis y elaboración de proyectos de legislación específica. Asimismo tiene la responsabilidad de formular los informes de avance de los controles establecidos en el artículo 9 del decreto 2064/91, en el decreto 1095/96, en el artículo 1 del decreto 1149/97 y en los artículos 12 y 13 de la
"Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas", aprobada por la ley 24.072.
Esta responsabilidad primaria se desglosa en las siguientes acciones:
1. Elaborar el plan nacional contra el tráfico ilícito de drogas y los programas consecuentes.
2. Determinar los planes y programas de acción conjunta contra la producción, el tráfico y comercialización ilícitos de drogas.
3. Realizar el almacenamiento de datos sobre la comisión de los delitos relacionados con la producción y el tráfico ilícito de drogas al igual que precursores químicos a nivel nacional y de las personas físicas y/o jurídicas involucradas y elaborar los informes que en tales aspectos determinen los compromisos internacionales.
4. Efectuar investigaciones relacionadas con las modalidades delictivas evitando su extensión a través de procedimientos idóneos para combatirlas.
5. Fortalecer la cooperación entre organismos de seguridad nacionales, extranjeros, en cooperación con otros Estados en materia de controles transfronterizos.
6. Intervenir en la confección del Plan Nacional de Capacitación de los recursos humanos para la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos, dentro del marco del "Plan Federal de Prevención y de Control del Tráfico Ilícito de Drogas", realizando su planificación, programación y ejecución.
7. Coordinar con las fuerzas de seguridad y policiales, nacionales, provinciales y la Justicia Federal las acciones destinadas a la lucha contra el narcotráfico.
8. Realizar el seguimiento de la ejecución de políticas de lucha contra el narcotráfico.
9. Atender los compromisos internacionales relacionados con la planificación y control del tráfico ilícito de drogas. La Dirección del Registro Nacional de Precursores Químicos, dependiente de la Dirección Nacional de Planificación y Control del Tráfico Ilícito de Drogas y Precursores Químicos, tiene como responsabilidad el cumplimento de las siguientes acciones:
1. Mantener un registro, completo, fidedigno y actualizado de las transacciones de importación y exportación, autorizadas por la Secretaría, relativas a precursores químicos y de productos químicos esenciales en los términos de los decretos 1095/96 y 1161/00.
2. Realizar la inscripción de fabricantes, productores, preparadores, importadores y exportadores de precursores químicos y de productos químicos esenciales.
3. Fiscalizar y rubricar el registro de inventarios de transacciones de fabricantes, productores, preparadores, importadores y exportadores de precursores químicos y productos químicos esenciales.
4. Asesorar al Director Nacional con relación a las autorizaciones previas para importar y exportar precursores químicos y productos químicos esenciales.
5. Recepcionar la información referida a transacciones de precursores químicos y de productos químicos esenciales que realicen quienes produzcan, fabriquen, preparen, elaboren, re-envasen, distribuyan, comercialicen y/o realicen otro tipo de transacción en los términos del artículo 9 del decreto 1095/96.
De acuerdo al Decreto 1341/2002, la Subsecretaría de Planificación, Prevención y Asistencia tiene como responsabilidad primaria el cumplimiento de los siguientes objetivos:
1.— Coordinar, orientar, supervisar e implementar planes y programas de carácter nacional, determinando prioridades y lineamientos de trabajo, previstos en el "Plan Federal de Prevención de la Drogadependencia y de Control del Tráfico Ilícito de Drogas" referentes a la prevención, tratamiento, rehabilitación, reinserción y acción social en el campo del uso indebido de drogas, alcohol y psicofármacos en todo el ámbito del país, con la cooperación y la búsqueda del consenso con organismos gubernamentales y no gubernamentales.
2.— Coordinar y compatibilizar las áreas correspondientes de la Dirección Nacional de Asistencia y Dirección de Actividades de Prevención y Capacitación, los programas de prevención, programas de capacitación y programas de tratamiento, rehabilitación y reinserción social, públicos y privados, para la recuperación de las personas afectadas por el uso indebido de drogas y alcohol.
3.— Asistir al Secretario del área y autoridades nacionales, provinciales y municipales, respecto de las acciones que corresponde emprender en lo que concierne a la implementación de medidas preventivas y curativas del uso indebido de drogas.
4.— Entender en las estadísticas epidemiológicas relacionados con la prevalencia, incidencia y consumo de sustancias psicoactivas.
5.— Promover la creación de una RED NACIONAL con clara y fuerte presencia de las ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES con el fin de expandir y potenciar las políticas de prevención y asistencia de la SECRETARIA.
De esta Subsecretaría dependen la Dirección Nacional de Asistencia y la Dirección de Actividades de
Prevención y Capacitación.
La Dirección Nacional de Asistencia, tiene como responsabilidad primaria diseñar, ejecutar, supervisar y coordinar programas y planes de carácter nacional, diseñados por las políticas nacionales en el "Plan Federal de Prevención de la Drogadependencia y de Control del Tráfico Ilícito de Drogas’’ referentes a la
prevención, tratamiento, rehabilitación, reinserción y acción social en el campo del uso indebido de drogas en todo el ámbito del país, con la cooperación y la búsqueda del consenso con organismos gubernamentales y no gubernamentales.
Esta responsabilidad primaria se desglosa en las siguientes acciones: 1. Diseñar y ejecutar planes y programas de prevención, tratamiento, rehabilitación, reinserción y acción social en el campo del uso indebido de drogas y alcohol.
2. Coordinar con las otras áreas de la SECRETARIA en la administración y ejecución de los planes de asistencia individual e institucionales.
3. Desarrollar información estadística y mantenerla actualizada sobre resultados de la ejecución de los programas y planes federales asistenciales.
4. Brindar información al ciudadano en forma eficaz sobre los problemas derivados del uso indebido de drogas, mediante de los sistemas que determine más competentes.
5. Asesorar a las autoridades competentes del ámbito nacional, provincial y municipal respecto de las acciones que corresponde emprender para efectuar un adecuado cumplimiento de la normativa vigente en lo referente a medidas asistenciales y curativas del uso indebido de drogas.
6. Ampliar y mantener actualizado el Registro Nacional de Instituciones ligadas a la problemática del uso indebido de drogas y alcohol.
7. Establecer vínculos institucionales con el sector público de la Seguridad Social, Organizaciones No Gubernamentales y Sector Privado.
8. Asesorar en el análisis de las solicitudes de ayuda o subsidios recíprocos que se formulen y colaborar en las evaluaciones y recomendaciones correspondientes.
9. Mantener una fluida relación, dentro del Plan Federal, con los estados provinciales brindando información para la toma de decisiones.
10. Auditar y monitorear los planes de prevención, capacitación y asistencia para el fortalecimiento de las políticas de la SECRETARIA.
11. Asesorar técnicamente en la implementación de medidas preventivas a las autoridades competentes del ámbito nacional, provincial y municipal.
12. Coordinar la difusión de la normativa legal vigente, referida a medidas asistenciales y curativas del uso indebido de drogas para lograr su efectivo cumplimiento.
Por su parte, la Dirección de Actividades de Prevención y Capacitación tiene como responsabilidad primaria diseñar, ejecutar y supervisar programas y planes de carácter nacional, previstos en el "Plan Federal de Prevención de la Drogadependencia y de Control del Tráfico Ilícito de Drogas" referentes a la prevención y la capacitación, en el campo del uso indebido de drogas en todo el ámbito del país, con la cooperación y la búsqueda del consenso con organismos gubernamentales y no gubernamentales.
Esta responsabilidad primaria se desglosa en las siguientes acciones:
1. Diseñar y ejecutar el desarrollo de planes y programas de carácter nacional, previstos en el "Plan Federal de Prevención de la Drogadependencia y de Control del Tráfico Ilícito de Drogas’’, referentes a la prevención, acción social en el campo del uso indebido de drogas y alcohol, implementando en particular lo establecido por el "Documento Estrategia Antidrogas en el Hemisferio" de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (CICAD/OEA).
2. Coordinar y ejecutar las actividades y programas de prevención, investigación, docencia y formación de recursos humanos a nivel nacional, provincial y municipal, identificando los modelos y metodologías de avanzada para losprocesos de intervención social en esta materia, a través del "Comité de Trabajo Conjunto" establecido por los Decretos Nº 1119/96 y 342/97.
3. Diseñar e implementar planes de capacitación de recursos humanos en el plano federal, provincial y municipal, a fin de transferir tecnología.
4. Desarrollar y promover la investigación en el campo de la asistencia y la lucha contra la drogadicción.
5. Participar en seminarios, congresos y otros encuentros de carácter internacional vinculados con su cometido, promover la realización de tales actividades en nuestro país y elaborar material documental de fomento exterior a las acciones que en tal sentido realice el gobierno nacional.
6. Ampliar y mantener actualizado el Centro de Documentación.
7. Monitorear los planes de prevención, sugiriendo modificaciones a las políticas de la Secretaría.
B- Objetivos, Estrategias y Acciones
1- Marco Conceptual con Respecto a la Reducción de la Demanda. La comprensión del fenómeno del uso indebido de drogas, ha llevado insistir en la importancia de dar prioridad a la prevención como estrategia fundamental.
Es en este contexto que La Estrategia Antidroga en el Hemisferio2 contempla el problema de las drogas desde una perspectiva global y multidisciplinaria.
Todos los países del Hemisferio reconocen que comparten la responsabilidad de asegurar que se aborden todos los aspectos de manera integral y equilibrada, teniendo en cuenta sus capacidades y recursos nacionales disponibles.
La Estrategia Antidrogas manifiesta que los países del Hemisferio reconocen que el uso indebido de drogas constituye una grave amenaza a la vida y la salud, no solo de quien las consuma, sino también para la comunidad en general.
La forma en que ha evolucionado este problema demuestra que la reducción de la demanda debe ser un componente clave de las políticas para hacer frente al problema, destacando la importancia de la Prevención en dicha estrategia.
La evolución de este concepto ha supuesto una sucesión de modelos, los cuales han permitido llegar a un nivel de reflexión y de evolución que comprometió un proceso que no ha sido sencillo.
Se ha pasado de concepciones que hacen énfasis en distintos aspectos: la sustancia, el sujeto, el ambiente, etc., hasta llegar a una concepción que sitúa el fenómeno como una cuestión compleja y multicausal que exige la planificación y la interacción de los diversos modelos y disciplinas sociales.
Este proceso ha implicado una mayor valoración de la Prevención integral ante las señales de fracaso o escaso éxito de otros modelos. Esta concepción ha permitido una mayor comprensión del problema, en relación con las estructuras sociales, las dinámicas familiares y, por supuesto, el conocimiento de las múltiples causas que se vinculan hoy al fenómeno.
2 Estrategia Antidrogas en el Hemisferio de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD. Apartado 11 – Reducción de la Demanda El reconocimiento pleno de la multicausalidad y complejidad, abrió el espacio para que se comenzara a trabajar con diferentes técnicas de entrenamiento en habilidades de resistencia y entrenamiento en habilidades sociales.
Estos datos y reflexiones apuntan a la necesidad de realizar una nueva mirada acerca de esta temática y sus consecuencias.
Es a partir de ello, que se entiende a la prevención como el conjunto de estrategias que una comunidad particular ensaya para anticiparse a la aparición de fenómenos no deseados, a fin de evitarlos o reducir su presencia. La prevención plantea, como objetivo general, promover estilos de vida que hagan a los individuos y grupos que conforman la comunidad, menos proclives a involucrarse en relaciones problemáticas con las drogas.
La intervención debe estar dirigida hacia la integración y reparación a nivel societario, que tenga en cuenta las características reales y simbólicas del problema, promoviendo la participación de la sociedad a través de sus instituciones.
Por lo tanto la línea de acción estará dirigida a la constitución de redes comunitarias que funcionen como sostén y contención para favorecer la reducción de la demanda buscando estrategias de participación en la elaboración de proyectos que apunte a tal fin.
2- Políticas y Estrategias del Ámbito de Reducción de la Demanda.
a) Políticas en materia de prevención Objetivo General
Evitar y disminuir el uso indebido de drogas, legales e ilegales, a través del desarrollo de programas de prevención integral, dentro del ámbito de la reducción de la demanda y considerando los diagnósticos emanados de las investigaciones del Observatorio Argentino de Drogas (OAD), en todo el territorio nacional, sobre la población en general, sectores de mayor vulnerabilidad, la comunidad educativa y ámbitos laborales público y privado.
Estrategias y Acciones
1. Población en general.
1.1. Promover, planificar, fortalecer y coordinar los programas de prevención que se ejecutan a través Organismos gubernamentales, y no gubernamentales a través del consenso con áreas nacionales, provinciales, y municipales
1.1.1. Articular a nivel institucional con los diferentes organismos del sector público y privado acciones conjuntas.
1.1.2. Desarrollar acciones preventivas en las áreas sociales, confesionales, recreativas, culturales, y deportivas.
1.1.3. Promover durante el ejercicio, la creación de pruebas piloto de Unidades Preventivas Barriales, monitoreando su funcionamiento y analizando su impacto.
1.2. Propiciar la participación comunitaria que permita identificar situaciones vulnerables y diseñar actividades concretas y específicas de prevención y promoción de la salud a través de la creación, el desarrollo y fortalecimiento de redes locales, impulsando y favoreciendo prácticas solidarias frente a la problemática de uso indebido de drogas.
1.2.1. Impulsar la formación de Líderes Comunitarios para que actúen como promotores sociales de la prevención integral en la comunidad.
1.2.2. Promover la creación y fortalecimiento de organizaciones comunitarias que tengan como objetivo la generación de proyectos de prevención, que respondan a los intereses y las demandas de la comunidad.
1.2.3 Desarrollar programas y estrategias de prevención para la capacitación de agentes comunitarios a nivel nacional, provincial y municipal.
1.2.4. Desarrollar actividades de capacitación a nivel nacional, con modalidad presencial y/o a distancia.
1.2.5. Desarrollar programas de sensibilización y concientización en los medios de comunicación a través de foros, seminarios y encuentros nacionales.
1.2.6 .Generar la información necesaria para la confección de material gráfico destinado a la difusión.
1.2.7 Generar la información necesaria para la confección de material grafico destinado a la difusión.
2.- Sectores de mayor vulnerabilidad
2.1. Propiciar programas y acciones de prevención articulados con los organismos gubernamentales y no gubernamentales que abordan la problemática de niños y niñas en situación de calle.
2.1.1- Colaborar en los programas que se estén implementando desde organismos gubernamentales y no gubernamentales promoviendo acciones de capacitación sobre prevención del uso indebido de drogas.
2.2- Programar acciones continuas en prevención del uso indebido de drogas en los Municipios de Frontera.
2.2.1- Planificar programas con los Municipios privilegiando las identidades multiétnicas de los actores sociales con estrategias específicas para la resolución de conflictos.
2.2.2- Desarrollar e implementar Programas de Prevención Integral en conjunto con organismos gubernamentales y no gubernamentales promoviendo acciones en las comunidades pertenecientes a las localidades que integran la Triple Frontera: Puerto Iguazú (Argentina), Foz de Iguazú (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay).
2.3. Desarrollar programas de prevención del uso indebido de drogas para las comunidades aborígenes argentinas.
2.3.1- Coordinar las acciones para la prevención del uso indebido de drogas en las comunidades aborígenes.
2.3.2- Brindar asistencia técnica a Proyectos Preventivos que surjan de las propias comunidades.
2.4. Diseñar estrategias de prevención del uso indebido de drogas dirigidas al ámbito penitenciario.
2.4.1. Desarrollar Programas Preventivos para el Servicio Penitenciario Federal y la Academia Superior Penitenciaria.
2.4.2. Diseñar e implementar Programas de Prevención Integral para personas privadas de la libertad.
2.4.3. Propiciar la creación y desarrollo de redes de contención preventivas dentro del sistema carcelario.
3.- Comunidad educativa
3.1 Diseñar e implementar programas de prevención del uso indebido de drogas para la comunidad educativa que favorezcan el desarrollo de actitudes, valores, y habilidades comprometidas con estilos de vida saludables y críticos frente al consumo.
3.1.1. Diseñar e Implementar el programa de “Prevención Integral sobre el uso indebido de drogas en el Ámbito Educativo”
3.1.2. Incorporar acciones en todos los niveles para fortalecer programas de prevención en el ámbito educativo formal y no formal, en un proceso gradual, continuo y sistemático.
3.1.3.Capacitar en materia de prevención, a líderes educativos de organismos gubernamentales y no gubernamentales y convocar a Jornadas Nacionales con el objetivo de intercambiar experiencias de trabajo.
3.1.4. Propiciar acciones conjuntas con los organismos educativos provinciales y nacionales, el Poder Judicial y las Comisiones Nacionales de Drogas, para la difusión e implementación de los Centros de Medida de Seguridad Educativa a nivel Nacional de acuerdo al Art. 21 de la ley 23.737.
3.1.5. Implementar un programa de capacitación en prevención del uso indebido de drogas para la comunidad educativa a través del modelo de “Formación de Formadores”.
4.- Ámbitos laborales público y privado
4.1- Diseñar programas de prevención del uso indebido de drogas para ser implementados en ámbitos laborales, que favorezcan el desarrollo de actitudes comprometidas con estilos de vida saludables y críticos frente al consumo.
4.1.1-Informar en materia de prevención del uso indebido de drogas a trabajadores, empresarios, directivos, ejecutivos y dirigentes de organizaciones sindicales de instituciones públicas y privadas.
4.1.2-Desarrollar un programa de capacitación en prevención del uso indebido de drogas para trabajadores que asuman el rol de multiplicadores. Objetivo específico Neutralizar el efecto de las campañas publicitarias en medios de comunicación y vía pública que alientan el consumo de alcohol, tabaco y psicofármacos.
Estrategias y Acciones
1. Establecer mecanismos y directrices para regular la transmisión y los contenidos de las campañas publicitarias
1.1. Promover la regulación y control de los contenidos de las campañas publicitarias e incorporarla a la normativa vigente.
1.2. Promover la creación de una Comisión integrada por organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y privadas relacionadas con la elaboración y comercialización de alcohol, tabaco y psicofármacos con el objeto lograr consenso respecto a la modificación de las pautas publicitarias vigentes en lamateria así como el contenido de programas que promocionan el consumo.
2. Implementar un sistema de información continua dirigido a la población en general sobre factores de riesgo y de protección tendiente a promocionar una vida sana.
2.1.Diseñar campañas de información dirigidas a la comunidad en general, comunidad estudiantil, profesionales y trabajadores, difundidas a través de los medios de comunicación masivos públicos y privados.
2.2.Implementar un servicio de información telefónico anónimo y gratuito.
3. Disminuir la exposición de la población menor de edad a la acción de las campañas publicitarias que alientan el consumo de alcohol, tabaco y psicofármacos.
3.1. Promover la regulación de las pautas horarias de la difusión de las campañas publicitarias que alientan el consumo de alcohol, tabaco y psicofármacos en la televisión.
3.2. Promover la regulación de los contenidos del as campañas publicitarias que alientan el consumo de alcohol, tabaco y psicofármacos en los medios gráficos y la vía pública.
b) Políticas en materia de Asistencia Objetivo General Recuperar o reducir, la discapacidad temporal o permanente producida en las personas, por el uso indebido de drogas.
Estrategias y Acciones
1. Conformar una Red Nacional de Asistencia a las Adicciones integrada por instituciones públicas incorporando efectores de Organizaciones no gubernamentales y privados con niveles regionales de complejidad gradual; capaz de brindar una respuesta universal, amplia y solidaria a través de diversas modalidades terapéuticas, y que asista los distintos grados de drogadependencia existentes en el país.
1.1. Generar encuentros regionales a través del CO.FE.DRO para unificar criterios en la conformación de redes regionales que, incorporadas a la Red Nacional, brinden una cobertura integral a la población demandante.
1.2. Implementar gradualmente el desarrollo de niveles de atención de las distintas complejidades en regiones predeterminadas.
1.3. Orientar los procesos terapéuticos de manera que tiendan a resolver la problemática en etapas claramente diferenciadas; desintoxicación, deshabituación y reinserción social, pudiendo existir establecimientos que brinden asistencia en todas las etapas o solo en alguna de ellas.
1.4. Ampliar la red de prestadores formales a través de grupos de autoayuda surgidos de la comunidad y de probada trayectoria en el campo de la drogadependencia.
1.5. Analizar y considerar como recurso alternativo, sistemas no convencionales preventivos o asistenciales cuando no puedan implementarse estrategias de abstinencia a las drogas como meta final.
1.6. Promover la consulta durante las 24 horas los 365 días del año a través de líneas telefónicas anónimas y gratuitas atendidas por grupos de profesionales y técnicos que den respuestas a problemas relacionados con la asistencia, derivación a centros de atención y consultas informativas.
2. Supervisar y auditar las instituciones asistenciales públicas y privadas en cuanto a perfil institucional, modelo terapéutico, capacidad de atención, criterio de diagnóstico y criterio de alta, en virtud de la normativa vigente.
2.1 Implementar un programa de auditorías en todo el país, que evalúen programas terapéuticos, índices de resocialización (resultados), calidad asistencial recibida, hotelería y demás servicios complementarios.
2.2 Conformar un registro de instituciones públicas y privadas, que tengan como objeto la prevención o la asistencia, a efectos de acreditar categorías y funcionamiento de cada una de ellas.
3. Desarrollar e implementar un sistema de capacitación continua, a distancia o presencial, que permita mantener actualizados a todos los profesionales y operadores que participan del sistema de asistencia nacional.
3.1. Desarrollar convenios con Universidades públicas y privadas para mantener un nivel óptimo de capacitación continua.
3.2. Financiar el acceso a seminarios, congresos u otros encuentros de carácter nacional o internacional vinculados con la temática, a los profesionales que aporten innovaciones en la resolución de la problemática planteada, teniendo en cuenta la política implementada por el gobierno nacional.
4. Desarrollar e implementar un sistema de asesoría constante conjuntamente con los diferentes fueros judiciales de todo el país, destinado a la asistencia de emergentes sujetos a causas judiciales, facilitando los medios de acceso a los efectores oficiales, a programas nacionales.
4.1. Informar a los fueros judiciales que corresponda sobre el uso y derivación del Sistema de Asistencia Nacional.
4.2. Promover la incorporación de servicios de atención al drogadependiente en hospitales generales.
4.3. Promover la capacitación básica para el tratamiento de las sobredosis y los síndromes de abstinencia a médicos residentes o internos, afectados a las salas de emergencias y de guardia.
5. Desarrollar e implementar programas asistenciales y preventivos destinados a: trabajadores, estudiantes, personas privadas de la libertad y niños en situación de calle.
6. Realizar el control y seguimiento a los egresados de los programas terapéuticos, ambulatorios o de internación, durante un período prudencial de no menos de un año, evitando recidivas de la conducta adictiva y delitos cometidos para el mantenimiento del consumo de sustancias psicoactivas.
6.1 Incorporar dentro de la asistencia integral al paciente y su familia las complicaciones provenientes del uso indebido de drogas tales como patologías infectocontagiosas, trastornos odontológicos y acompañar a una reinserción sociolaboral, gradual y participativa evaluando niveles de reincidencias y afianzando programas de reinserción laboral.
6.2. Proveer ayuda financiera estatal a los egresados de dichos programas con la finalidad de facilitar su inserción en el circuito laboral formal.
3- Marco Conceptual con respecto a la Reducción de la Oferta. El tráfico ilícito de drogas es una problemática compleja y pluricausal que debe ser abordada de un modo multidisciplinario. En términos del diseño de políticas públicas de prevención y control del tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos3, resulta fundamental la elaboración de diagnósticos actualizados, la superación de preconceptos que oscurecen la comprensión de la problemática, y un abordaje despojado de barnices ideológicos, culturales y de pertenencia a determinados grupos.
Tal como ha sido acordado en la Estrategia Hemisférica Antidrogas, la reducción de la oferta debe orientarse tanto a las drogas ilícitas de origen natural y sintético, como a las psicotrópicas, desde que éstas pueden devenir en ilícitas cuando son objeto de desvío.
La estrategia de reducción de la oferta de drogas debe centrarse entonces en un esfuerzo constante por reducir su disponibilidad y/o su desvío a canales ilícitos. A tal fin, la prioridad preventiva y de control debe orientarse especialmente a aquellas manifestaciones del problema y a aquellas zonas de riesgo que representen vulnerabilidades vis a vis la reducción de disponibilidad de drogas ilícitas.
Por otra parte y entendiendo la importancia que revisten las sustancias químicas necesarias para la fabricación de drogas ilícitas en la cadena del tráfico y como moneda de cambio de sustancias terminadas, la estrategia también debe orientarse a la reducción de las posibilidades de desvío.
En consecuencia, y siguiendo la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio, el desmantelamiento de las organizaciones delictivas y sus redes de apoyo debe ser la resultante obligada de la estrategia de reducción de la oferta.
De acuerdo al diagnóstico sobre la situación del tráfico ilícito de drogas presentado precedentemente, surge con claridad que si bien el país no es productor de drogas ilícitas, se ve afectado por el tránsito de sustancias ilícitas desde países productores vecinos y, en razón de la potencialidad de su industria química, resulta altamente vulnerable al desvío y contrabando de sustancias químicas controladas utilizables en la elaboración de estupefacientes o a la posible introducción de sustancias en proceso de elaboración para su refinamiento local. Por otra parte, al igual que la mayoría de los países, Argentina se ha visto afectada en los últimos años por un incremento en las cantidades disponibles de 3 Se entiende por delitos conexos a aquellas manifestaciones delictivas que son pasibles de presentar vinculaciones con el tráfico ilícito de drogas, en especial, el tráfico de armas, el lavado de activos, el tráfico ilícito y desvío de precursores químicos, y la corrupción. A los fines del presente Plan Nacional, tales manifestaciones delictivas serán contempladas en tanto y en cuanto presenten vinculaciones con el tráfico ilícito de drogas.
drogas ilícitas de tipo sintético, aunque nuevamente el país es receptor de productos elaborados en otros países.
Estas circunstancias demuestran que los mayores factores de riesgo en materia de tráfico ilícito de drogas orgánicas y sustancias químicas controladas se concentran en las zonas de la frontera norte del país, y en el caso de las drogas sintéticas ilícitas en los grandes aeropuertos, principalmente el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. De igual modo, debe destacarse como factor de riesgo destacado el fenómeno del tráfico urbano en las grandes ciudades del país.
Cabe recordar que la problemática debe ser abordada desde una concepción integral del problema tanto en sus vinculaciones con la demanda de drogas ilícitas, como en las múltiples manifestaciones del tráfico ilícito y sus delitos conexos. En este abordaje debe tenerse presente que esas manifestaciones revisten un carácter dinámico que demanda una gran flexibilidad y la capacidad de contar con diagnósticos actualizados de manera constante.
Por otra parte, si bien las estrategias utilizadas en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos se adecuan a las recomendaciones que los organismos internacionales especializados en la materia han elaborado a lo largo de los últimos años, ese marco de políticas y estrategias deben complementarse con un proceso continuo de adaptación a las realidades locales.
Finalmente, debe entenderse que la política de prevención y control del tráfico ilícito de drogas puede y debe coadyuvar a la mejora de las condiciones de seguridad de los ciudadanos.
4- Políticas y Estrategias en el Ámbito de Reducción de la Oferta.
Objetivos Generales
1. Optimizar la coordinación de las estrategias y acciones de las fuerzas de seguridad y policiales nacionales y provinciales y de otros organismos con competencia en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos.
2. Reducir la disponibilidad de drogas ilícitas (incluyendo su producción, tráfico, distribución interna, y el resto de los eslabones de la cadena de comercialización), principalmente impidiendo su ingreso a través de las fronteras, su comercialización interna y la utilización del territorio nacional para el tránsito hacia otros países.
3. Evitar el desvío a canales ilícitos de las sustancias químicas controladas e impedir el contrabando de esas sustancias, especialmente en las zonas de frontera.
4. Generar recursos aplicables a la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos a partir de la optimización del aprovechamiento y la administración de los bienes decomisados.
5. Brindar formación continua y capacitación especializada a todos los actores intervinientes en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos.
6. Disponer de modo permanente de diagnósticos actualizados sobre la problemática del tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos, y estudios técnicos vinculados a las políticas de prevención y control.
7. Mantener un sistema de información centralizado en materia de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos que posibilite la disponibilidad de información actualizada y el análisis de posibles tendencias.
8. Actualizar la legislación vigente, incluyendo mejoras en la normativa, en los mecanismos operativos existentes y en el marco institucional para la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.
9. Evitar el desvío de sustancias psicoactivas lícitas hacia canales ilícitos e impedir su contrabando.
Estrategias y Acciones.
A continuación se presentan las estrategias previstas para el cumplimiento de los objetivos descriptos (los que se repiten en negrita) y las acciones concretas que se llevarán a cabo para el desarrollo de cada una de las estrategias.
1. Optimizar la coordinación de las estrategias y acciones de las fuerzas de seguridad y policiales nacionales y provinciales y de otros organismos con competencia en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos.
1.1. Realizar reuniones periódicas para el intercambio de información y experiencias entre las fuerzas de seguridad y policiales nacionales y provinciales y otros organismos con competencia en la materia.
1.1.1- Realización de reuniones regionales de la Mesa II del Consejo Federal de Drogas (Noroeste, Noreste, Nuevo Cuyo, Centro y Patagonia) cuatro veces en el año.
1.1.2 Realización de una reunión anual de la Mesa II del Consejo Federal de Drogas incluyendo a todas las regiones.
1.1.3 Realización de reuniones extraordinarias ante situaciones que requieran tratamiento urgente.
1.2. Planificar y ejecutar acciones conjuntas y combinadas en el campo de las operaciones y la logística.
1.2.1 Realización de operativos regionales escalonados de control en rutas.
1.2.2. Interacción de personal para la reunión de información, investigación y el desarrollo de tareas de inteligencia.
1.2.3 Implementación de ejercicios operativos sobre técnicas especiales de investigación.
1.3 Optimizar canales de intercambio y comunicación permanente, principalmente a través de medios informáticos, entre las diferentes jurisdicciones.
1.3.1 Mantenimiento de la línea de consulta permanente para la obtención de información y asesoramiento.
1.3.2 Mantenimiento actualizado de una Página Web con la legislación vigente, datos estadísticos, e información de interés para los usuarios.
1.3.3 Provisión de equipamiento informático y de comunicaciones a las fuerzas de seguridad y policiales que lo requieran.
1.3.4.Difusión de información técnica para la identificación de nuevas tendencias en cuanto al tráfico nacional e internacional de drogas ilícitas y sustancias químicas controladas y al desvío de sustancias lícitas hacia canales ilícitos.
1.4. Otorgar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad y policiales mediante la provisión del equipamiento necesario para las tareas de control.
1.4.1. Entrega de reactivos de orientación.
1.4.2. Entrega de equipamiento específico para circunstancias especiales.
1.4.3. Desarrollar acciones tendientes a la instalación de laboratorios regionales de análisis químico toxicológico de las sustancias controladas incluyendo su instalación física, equipamiento técnico e informático, y la dotación y capacitación de los recursos humanos necesarios para el desarrollo de tal actividad.
2. Reducir la disponibilidad de drogas ilícitas (incluyendo su producción, tráfico, distribución interna, y el resto de los eslabones de la cadena de comercialización), principalmente impidiendo su ingreso a través de las fronteras, su comercialización interna y la utilización del territorio nacional para el tránsito hacia otros países.
2.1. Reforzar los mecanismos de control en las áreas de alto riesgo.
2.1.1. Fortalecimiento de los mecanismos de control existentes en las zonas de frontera; y en puertos, aeropuertos y pistas de aterrizaje autorizadas.
2.1.2. Detección e inutilización de pistas de aterrizaje clandestinas.
2.1.3. Mejora de los canales de intercambio y comunicación entre las instituciones con funciones de control que operan en las áreas de alto riesgo, incluyendo el intercambio fluido de información.
2.1.4. Perfeccionamiento de la capacidad operativa de las unidades de control en las zonas de alto riesgo.
2.1.5 Fortalecimiento de la capacidad de detectar y desarticular a las organizaciones criminales.
2.1.6. Difusión de información técnica para la identificación de nuevas tendencias en el tráfico internacional de drogas ilícitas y sustancias químicas controladas, y sus métodos de ocultamiento y en el desvío a canales ilícitos de sustancias lícitas.
2.2. Fortalecer controles en las posibles rutas de distribución interna.
2.2.1 Fortalecimiento de los mecanismos de interceptación de las organizaciones que operan en el tráfico ilícito de drogas en el territorio nacional.
2.2.2. Fortalecimiento de la capacidad de detectar y desarticular a las organizaciones criminales.
2.2.3. Mejora de los controles existentes en las redes nacionales viales, fluviales y marítimas.
2.2.4. Perfeccionamiento de los canales de intercambio y comunicación entre las fuerzas de seguridad y policiales nacionales y provinciales.
2.2.5. Difusión de información técnica para la identificación de nuevas tendencias y rutas de distribución en el tráfico interno de drogas ilícitas.
2.3 Fortalecer los controles tendientes a la desarticulación de las redes de comercio minorista de estupefacientes.
2.3.1. Fortalecimiento de los mecanismos de interceptación y enjuiciamiento de los grupos e individuos que operan en el tráfico minorista de estupefacientes.
2.3.2. Difusión de información técnica para la identificación de nuevas tendencias y redes de distribución en el tráfico interno de drogas ilícitas
2.4. Desarrollar acciones tendientes a la detección y desmantelamiento de laboratorios de producción de drogas ilícitas.
2.4.1. Fortalecimiento de los mecanismos existentes para la detección de laboratorios de producción de drogas ilícitas.
2.4.2 Perfeccionamiento la capacidad operativa de las unidades especializadas dedicadas al desmantelamiento de laboratorios de producción de drogas ilícitas.
2.4.3. Promoción de la integración entre las diferentes fuerzas de seguridad y policiales para la realización de operaciones conjuntas en esta materia.
2.4.4. Entrenamiento de las fuerzas de seguridad y policiales en la identificación de las sustancias y equipos encontrados en estos operativos, y su manejo ambientalmente seguro.
2.4.5. Desarrollo de investigaciones a partir de las evidencias encontradas en los laboratorios desmantelados.
3. Evitar el desvío a canales ilícitos de las sustancias químicas controladas e impedir el contrabando de esas sustancias, especialmente en las zonas de frontera.
3.1. Mantener el adecuado funcionamiento del Registro Nacional de Precursores Químicos.
3.1.1. Provisión de nuevo equipamiento informático y mejora constante en la infraestructura existente.
3.1.2 Introducción de mejoras en las bases de datos existentes.
3.1.3. Realización de programas y cursos de capacitación especializada para el personal técnico.
3.1.4. Actualización, cuando corresponda, de los diversos manuales operativos del Registro conforme normas de calidad ISO 9001/2000.
3.1.5 Renovación de la certificación de calidad ISO 9001/2000 obtenida en mayo de 2004.
3.2. Desarrollar una activa política de inspecciones a las instalaciones de los sujetos que operan con sustancias químicas controladas.
3.2.1.Realización de inspecciones en todo el territorio nacional, con especial énfasis en aquellas zonas consideradas de riesgo.
3.2.2. Provisión de equipamiento logístico e informático al grupo de control de químicos y a las fuerzas de seguridad y policiales que colaboran en esta tarea .
3.3. Desarrollar investigaciones y entrecruzamientos de información que permitan determinar posibles canales de desvío de sustancias químicas controladas.
3.3.1. Incorporación de software específico para el entrecruzamiento de datos.
3.3.2. Realización de programas y cursos de capacitación especializada para el personal técnico.
3.4 Fortalecer los mecanismos de control existentes para evitar el contrabando de sustancias químicas controladas, especialmente en las zonas de frontera.
3.4.1. Fortalecimiento de los mecanismos de control existentes en las zonas de frontera.
3.4.2. Mejora de los canales de intercambio y comunicación entre las instituciones con funciones de control que operan en las áreas de alto riesgo, incluyendo el intercambio fluido de información.
3.4.3. Perfeccionamiento de la capacidad operativa de las unidades de control en las zonas de alto riesgo.
3.4.4. Difusión de información técnica para la identificación de nuevas tendencias en el tráfico internacional de sustancias químicas controladas.
3.5. Mantener la línea de consulta permanente para las fuerzas de seguridad y policiales en el marco de procedimientos de control efectuados en el territorio nacional.
3.6- Celebrar reuniones periódicas en el marco del Comité de Trabajo Conjunto (Decreto 1168/96).
4. Generar recursos aplicables a la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos a partir de la optimización del aprovechamiento y la administración de los bienes decomisados.
4.1. Optimizar la operatoria de la Comisión Mixta de Registro, Administración y Disposición – Ley 23.737.
4.1.1 Elaboración de reglas procedimentales para la operatoria de la Comisión.
4.1.2. Implementación y actualización de las reglas procedimentales de acuerdo a las necesidades operativas de la Comisión.
4.2. Fortalecer canales de comunicación fluidos y eficaces entre la Comisión Mixta de Registro, Administración y Disposición – Ley 23.737 y las autoridades judiciales.
4.2.1. Convocatoria a reuniones anuales de coordinación con los actores intervinientes en el aprovechamiento y la administración de los bienes decomisados.
4.2.2. Elaboración y difusión de reglas de procedimiento a los actores intervinientes.
4.3 Optimizar y agilizar el aprovechamiento de los recursos obtenidos por la Comisión Mixta de Registro, Administración y Disposición – Ley 23.737.
4.3.1. Introducción de modificaciones a la legislación vigente que permita el aprovechamiento de los recursos.
4.3.2. Mantenimiento de un fluido contacto con las fuerzas de seguridad y policiales para el resguardo de los bienes secuestrados.
5. Brindar formación continua y capacitación especializada a todos los actores intervinientes en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos.
5.1 Planificar, programar y ejecutar el Plan Nacional de Capacitación para la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos para personal de las Fuerzas de Seguridad.
5.1.1. Planificación e implementación del Curso de Auxiliares Superiores Operativos en la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos.
5.1.2. Planificación e implementación del Curso de Especialista Nacional Avanzado en la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos.
5.2. Planificar y desarrollar seminarios de capacitación sobre temáticas especiales destinados a las fuerzas de seguridad y policiales, jueces, fiscales y a todos aquellos actores involucrados en la lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos.
5.2.1. Implementación de seminarios de actualización sobre la problemática del Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos incluyendo aspectos jurídicos, operativos y tendenciales.
5.2.2. Promoción de acuerdos con otros estados y organismos internacionales especializados tendientes a la obtención de colaboración para la implementación de seminarios, cursos y jornadas en la materia.
5.3. Aportar recursos humanos especializados en los diferentes aspectos de la problemática del Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos.
5.3.1 Aporte de especialistas para seminarios, cursos y jornadas organizados por universidades y otros organismos del estado nacional.
5.3.2. Promoción de un intercambio fluido de especialistas nacionales para la participación en seminarios especializados organizados por otros estados y organismos internacionales con competencia en la materia.
5.4. Creación de la Escuela Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas y sus Delitos Conexos.
6. Disponer de modo permanente de diagnósticos actualizados sobre la problemática del tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos, y estudios técnicos vinculados a las políticas de prevención y control.
6.1. Desarrollar trabajos de investigación a nivel nacional para la elaboración de diagnósticos actualizados y determinación de tendencias en materia de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.
6.1.1. Realizar investigaciones sobre la situación internacional y regional en materia de oferta de drogas ilícitas, las rutas internacionales de tráfico, modalidades de ingreso en zonas de frontera y aeropuertos, y de los canales de distribución interna.
6.1.2. Realizar investigaciones sobre laboratorios para la producción de drogas ilícitas.
6.1.3. Realizar investigaciones sobre características, modus operandi y logística de las organizaciones dedicadas al tráfico en el territorio nacional.
6.1.4. Realizar investigaciones sobre nuevas tendencias en la oferta de drogas ilícitas sintéticas.
6.2. Desarrollar trabajos de investigación sobre sustancias químicas controladas y sus eventuales posibilidades de desvío y sobre el desvío a canales ilícitos de sustancias lícitas.
6.2.1. Realizar un estudio nacional que permita estimar la dimensión, características y necesidades del mercado lícito de sustancias químicas controladas para la comercialización interna y de exportación.
6.2.2. Realizar un estudio sobre las eventuales posibilidades de desvío de sustancias químicas controladas en el país.
6.3. Realizar estudios técnicos sobre el diseño e implementación de políticas y estrategias en el área de la reducción de la oferta.
6.3.1. Realizar estudios comparativos sobre estrategias preventivas y represivas en el área de reducción de la oferta.
6.3.2. Desarrollar estudios evaluativos sobre las estrategias y políticas vigentes en el área de reducción de la oferta.
7. Mantener un sistema de información centralizado en materia de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos que posibilite la disponibilidad de información actualizada y el análisis de posibles tendencias.
7.1. Optimización del funcionamiento del registro de incautaciones de drogas y elaboración de estadísticas (Ley 22.136 y 23.737).
7.1.1. Actualización de la base de datos existente para la mejora en el cumplimiento de las necesidades locales y los requerimientos de los organismos internacionales especializados.
7.1.2. Provisión de equipamiento informático adecuado.
7.1.3. Adquisición de software de análisis de inteligencia.
7.2. Optimización del sistema de registro sobre personas detenidas, procesadas y condenadas por infracción a las leyes 23.737 y 25.246 a nivel nacional.
7.2.1. Introducción de mejoras en la base de datos existente ampliando los campos informativos.
7.2.2. Designación de enlaces provinciales en cada jurisdicción encargado de agilizar los pedidos de información de los Juzgados Federales.
7.2.3. Realización de reuniones con la Judicatura para la optimización de la recolección de datos.
7.3. Producción de publicaciones informativas a partir de los datos obtenidos de los diferentes sistemas de información.
7.3.1. Realización de un resumen estadístico anual sobre procedimientos por infracción a la Ley 23.737.
7.3.2. Realización de un resumen informativo anual sobre personas detenidas, procesadas y condenadas por infracción a las leyes 23.737 y 25.246 a nivel nacional.
7.3.3. Realización de un informe de análisis para los actores intervinientes en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos tendiente a la mejora de sus procesos de toma de decisiones.
8. Actualizar la legislación vigente, incluyendo mejoras en la normativa, en los mecanismos operativos existentes y en el marco institucional para la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.
8.1. Realizar estudios que posibiliten la introducción de modificaciones y actualizaciones en la legislación vigente.
8.1.1. Desarrollar trabajos de análisis de la legislación vigente incluyendo mecanismos operativos y marcos institucionales.
8.1.2. Realizar estudios comparados sobre la legislación vigente en materia de control del tráfico ilícito de drogas.
8.2. Promover reformas en la normativa vigente a partir de las propuestas derivadas de los estudios mencionados.
8.2.1. Realizar propuestas de modificaciones y actualizaciones de la legislación vigente.
8.2.2. Promover la aprobación de leyes, decretos y resoluciones en base a las propuestas elaboradas.
9. Evitar el desvío de sustancias psicoactivas lícitas hacia canales ilícitos e impedir su contrabando.
9.1. Reforzar los mecanismos de control en las áreas de alto riesgo.
9.1.1. Fortalecimiento de los mecanismos de control existentes en las zonas de frontera; y en puertos y aeropuertos.
9.1.2. Mejora de los canales de intercambio y comunicación entre las instituciones con funciones de control que operan en las áreas de alto riesgo, incluyendo el intercambio fluido de información.
9.1.3. Perfeccionamiento de la capacidad operativa de las unidades de control en las zonas de alto riesgo.
9.1.4. Fortalecimiento de la capacidad de detectar y desarticular a las organizaciones criminales.
9.1.5. Difusión de información técnica para la identificación de nuevas tendencias en el desvío a canales ilícitos de sustancias lícitas y sus métodos de ocultamiento.
9.2. Fortalecer controles en las posibles rutas de distribución interna.
9.2.1 Fortalecimiento de los mecanismos de interceptación de las organizaciones que operan en el desvío a canales ilícitos de sustancias lícitas en el territorio nacional.
9.2.2. Fortalecimiento de la capacidad de detectar y desarticular a las organizaciones criminales.
9.2.3. Mejora de los controles existentes en las redes nacionales viales, fluviales y marítimas.
9.2.4. Perfeccionamiento de los canales de intercambio y comunicación entre las fuerzas de seguridad y policiales nacionales y provinciales.
9.2.5. Difusión de información técnica para la identificación de nuevas tendencias y rutas de distribución en el desvío de sustancias lícitas a canales ilícitos.
5- Observatorio Argentino de Drogas
a) Marco Conceptual
La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, ha realizado estudios en los últimos años de cierta amplitud y encuestas de cobertura parcial sobre la problemática del consumo de sustancias psicoactivas, entre los que podemos destacar: “Caracterización de la consulta por consumo de drogas en centros de tratamiento y servicios de urgencia hospitalaria” realizado en octubre de 1998; “Análisis y evaluación de la consulta por consumo de drogas en centros de tratamiento” en enero-diciembre de 1999 y los datos aportados por el sistema de "ventanas epidemiológicas"-educativa y sanitaria-, que aplican los Centros de Estudios Locales desde 1998.
En cuanto a estudios con cobertura nacional, realizó en 1999 la “Encuesta Nacional Epidemiológica”, en el 2001 la “Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media”, en el año 2003 el Primer Estudio Nacional en Pacientes en Salas de emergencia y en el año 2004, el Primer Estudio Nacional en Pacientes en Centros de Tratamiento y el Segundo Estudio Nacional en Población de 12 a 65 años.
En este contexto, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico ha definido como uno de sus objetivos estratégicos iniciar el proceso de integración de un sistema de estadísticas y de análisis de la problemática del uso indebido de drogas basada en la coordinación y ejecución de los programas de recolección de datos epidemiológicos a nivel nacional, asegurando su validez, confiabilidad, comparabilidad ysistematicidad.
En el ámbito de la reducción de la oferta la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, desde hace mas de diez años, cuenta con información específica referente a la temática del tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos, la que proviene de las Fuerzas de Seguridad y Policiales tanto Nacionales como Provinciales y de los Juzgados y Tribunales competentes en la materia.
Sin embargo, resulta imperativa la implementación de un organismo específico, el Observatorio Argentino de Drogas, cuya tarea sea la coordinación y ejecución de los estudios epidemiológicos y de los patrones de comportamiento de la oferta y demanda de drogas, incluido el alcohol, que se constituye en una necesidad institucional debido a la complejidad de la temática que requiere de un abordaje holístico en un marco de diferenciación operativa.
b) Marco Legal
En el año 1997 por el Decreto Presidencial 1066/974, se establece la creación en la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, el Sistema Federal de Información sobre Consumo Indebido y Control de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Los fundamentos están basados en Convenios celebrados con organismos multilaterales (Naciones Unidas y Organización de los Estados Americanos) y en las obligaciones emanadas del Decreto 623/96 del Poder Ejecutivo Nacional, que en su artículo 4° establece que la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico debe poner en funcionamiento un sistema de información permanente que posibilite cumplir los acuerdos y convenios internacionales que se hubieren suscripto y que permita evaluar los resultados esperados.
El Decreto 1066/97 establece que el Sistema Federal de Información sobre Consumo Indebido y Control de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas debe estar integrado por diferentes fuentes, indicadores y variables básicas, como así también, se definen instrumentos para la recolección de información sobre drogas.
Establece también que los organismos mencionados en los Decretos 1.119/96 y 342/97 del Poder Ejecutivo Nacional -Ministerios de Salud y Acción Social, de Justicia y de Cultura y Educación, la Administración Nacional del Seguro de Salud y el Consejo Nacional del Menor, Adolescencia y Familia- y todos aquellos que por sus competencias, misiones y funciones estén relacionados con la materia, deben suministrar al Sistema todos los datos útiles para realizar diagnósticos situacionales, para la elaboración de estadísticas, evaluación de programas y para informar a los organismos internacionales especializados.
En consideración de lo establecido por los Decretos 623/96 y 1066/97, en el mes de Octubre de 2001, por Resolución Nº 800 de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, se resolvió disponer que el Sistema Federal de Información sobre Consumo Indebido y Control de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, se denomine 4 En base a los siguientes considerandos: 1)El compromiso asumido por el Estado Nacional de informar al organismo rector de las Naciones Unidas y en particular a la JIFE (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes) sobre los aspectos relacionados con las drogas. 2)Dar cumplimiento a lo ordenado por la Ley N° 24.072. 3) Dar cumplimiento a los artículos 3° y 4° del decreto 623/96 del Poder Ejecutivo Nacional, y a su complementario, el Decreto 1426/96 del Poder Ejecutivo Nacional que reitera la obligación impuesta a la SEDRONAR respecto de centralizar la información específica y la documentación técnica sobre las drogas. 4).
El Decreto N° 1339/96 del Poder Ejecutivo Nacional, que aprobó lo actuado por la SEDRONAR ante la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), de la OEA, y dispuso a la SEDRONAR la finalidad de coordinar la planificación y ejecución de los programas nacionales que contemplen los diversos aspectos del Uso Indebido de Drogas. 5) Se dará cumplimiento al artículo 13 punto 1, del Decreto 20/99 del Poder Ejecutivo Nacional.
Observatorio Nacional de Drogas y que el mismo entraría en funcionamiento a partir de enero de 2002.
En el mes de Noviembre de 2001, entre la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico y el Observatorio Europeo de Drogas y las Toxicomanías (OEDT) se firmó un Acta de Coincidencias, donde se acordó que el OEDT se compromete a prestar su pleno apoyo al proceso de implementación del Observatorio Argentino de Drogas, mediante asesoramiento, seminarios de capacitación y pasantías en su sede e instrumentos conexos. Por su parte, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico se compromete a extender a la región del MERCOSUR, Bolivia y Chile, los resultados del proyecto con vistas a establecer esquemas similares al nivel nacional y facilitar el intercambio y la comparación de datos al nivel sub-regional.
No obstante lo expuesto, el Observatorio Argentino de Drogas comenzó a funcionar plena y formalmente el 20 de Enero de 2005 mediante el dictado de la
Resolución No. 209/05 de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico.
c) Objetivos, Estrategias y Acciones
Objetivo General
Asegurar a los organismos de decisión, nacionales e internacionales, la disponibilidad de datos válidos y suficientes, para la evaluación de la situación
nacional en materia de sustancias adictivas, apoyando y coordinando la producción de información en diferentes organizaciones del estado y de la sociedad civil dedicadas a la temática.
Estrategias y acciones
1.1. Sistematizar la información disponible en la Argentina proveniente de las instituciones del estado y privadas vinculadas al uso de sustancias adictivas (incluye bebidas alcohólicas, tabaco y fármacos) y al control del tráfico de drogas (desplazamientos y precursores químicos)
1.1.1. Dar seguimiento a los mecanismos de recolección de información sobre la problemática del uso indebido de drogas, tratamiento, producción y tráfico de
drogas, producción, certificación y circulación de precursores químicos y de drogas legales existentes en el país dentro del marco de sus competencias.
1.1.2. Compilar críticamente los registros de interés para el OAD. evaluando el estado, confiabilidad y validez de los datos existentes y elaborando propuestas metodológicas para su adecuación.
1.1.3. Supervisar y aprobar, en coordinación con las provincias, los procesos de relevamiento necesarios para alcanzar un análisis de la situación epidemiológica a nivel nacional y provincial.
1.1.4. Diseminar información por medio de boletines estadísticos, series monográficas especializadas, contenidos para medios y otros recursos propios de la comunicación sobre el estado de la problemática en el país.
1.1.5. Definir líneas de investigación y brindar el apoyo necesario, para ser desarrolladas por estudiantes y profesores de las universidades.
1.1.6. Promover y fortalecer áreas de estudios epidemiológicos en organizaciones locales, vinculadas a la prevención y tratamiento de usuarios de drogas, como núcleo de una estrategia de información.
1.1.7. Promover y coordinar la organización de redes de productores de información a nivel de organizaciones locales en todo el país dentro del marco de sus competencias.
1.1.8. Capacitar a los responsables de las organizaciones locales en metodología de diagnóstico situacional, seguimiento del problema, definición del programa de acción y evaluación del mismo.
1.2. Establecer mecanismos eficientes de articulación de información entre Observatorios Nacionales y Regionales.
1.2.1. Realizar reuniones con representantes de observatorios nacionales y regionales para diseñar la naturaleza, alcance y sistematicidad necesaria de la información disponible y a desarrollar, para su articulación con las políticas regionales.
1.2.2 Realizar reuniones técnicas con representantes de observatorios nacionales y regionales, para incorporar a nivel regional mecanismos de coordinación y monitoreo de los programas ejecutados y/o en ejecución.
1.3. Completar y promover la cobertura temática en áreas relevantes del conocimiento sobre el consumo indebido de sustancias adictivas, tratamiento y control de la oferta de drogas dentro del marco de sus competencias.
1.4. Promover la generación de información clave desde la comunidad en temas relevantes para la prevención y tratamiento por consumo indebido de sustancias psicoactivas.
1.5. Tener un dispositivo de evaluación nacional e internacional para los programas preventivos, asistenciales y de control en la materia.
1.5.1. Realizar evaluaciones de índole metodológica sobre los instrumentos y metodologías apropiadas para los distintos estudios, cualitativos y cuantitativos, a nivel nacional e internacional.
1.5.2. Promover evaluaciones de proceso y de impacto de los diferentes programas aplicados en las áreas de prevención, asistencia y control del tráfico ilícito de drogas, a nivel nacional e internacional dentro del marco de sus competencias.
1.6. Generar un sistema de relevamiento de información epidemiológica relacionada con los problemas del uso indebido de drogas.
1.6.1. Desarrollar un convenio con el Ministerio de Salud a través del Programa de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades (VIGIA) para la
vigilancia epidemiológica relacionada con los problemas del uso indebido de drogas
6. Cooperación Internacional
a) Objetivos, Estrategias y Acciones
Objetivos Generales
1. Fortalecer la cooperación internacional en la problemática de las drogas a nivel multilateral, promoviendo una activa participación en los organismos internacionales especializados en la materia.
2. Fortalecer la cooperación internacional en la problemática de las drogas a nivel bilateral, promoviendo una activa participación en comisiones mixtas binacionales.
3. Promover la firma de acuerdos bilaterales y multilaterales vinculados a la problemática de las drogas.
Estrategias y Acciones
A continuación se presentan las estrategias previstas para el cumplimiento de los objetivos descriptos (los que se repiten en negrita) y las acciones
concretas que se llevarán a cabo para el desarrollo de cada una de las estrategias.
1. Fortalecer la cooperación internacional en la problemática de las drogas a nivel multilateral, promoviendo una activa participación en los organismos internacionales especializados en la materia.
1.1. Cumplir con las responsabilidades emergentes de la participación del país en la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas.
1.1.1. Participación en el Grupo de Expertos Gubernamentales, incluyendo la asistencia a las reuniones del grupo, sus trabajos preparatorios y todos los que se derivan de esa participación.
1.1.2.Cumplimiento de las obligaciones emergentes del Mecanismo de Evaluación Multilateral, en lo que se refiere a todos los requerimientos exigidos al país para la evaluación de sus políticas en materia de drogas.
1.1.3. Participación en las reuniones especializadas que organice la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas.
1.1.4. Participación en las sesiones ordinarias de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas.
1.2. Cumplir con las responsabilidades emergentes de la participación del país ante la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, ante la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y ante la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).
1.2.1. Cumplimiento de las obligaciones emergentes de los requerimientos de información anuales y bienales exigidos por la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas y por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.
1.2.2. Participación en los períodos ordinarios y extraordinarios de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas.
1.2.3. Participación en las reuniones especializadas organizadas por Naciones Unidas, como por ejemplo las reuniones de Jefes de Organismos Nacionales
encargados de la Lucha contra el Narcotráfico de Naciones Unidas (HONLEA).
1.3. Cumplir con las responsabilidades emergentes de otros organismos y mecanismos de cooperación internacionales especializados en materia de drogas.
1.3.1. Participación en el Mecanismo de Coordinación y Cooperación en materia de drogas entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea (ALC-UE).
1.3.2. Participación en otros organismos y mecanismos de cooperación internacionales especializados en materia de drogas.
1.4. Cumplir con las responsabilidades emergentes de la participación del país en la Reunión Especializada de Autoridades de Aplicación en materia de drogas, su uso indebido y rehabilitación de drogodependientes del Mercosur (RED).
1.4.1. Participación en los encuentros semestrales de la Reunión Especializada de Autoridades de Aplicación en materia de drogas, su uso indebido y rehabilitación de drogodependientes del Mercosur (RED).
1.4.2. Cumplimiento de las responsabilidades emergentes de la participación del país en las diferentes comisiones técnicas de la Reunión.
2. Fortalecer la cooperación internacional en la problemática de las drogas a nivel bilateral, promoviendo una activa participación en comisiones mixtas binacionales.
2.1. Cumplir con las obligaciones emergentes de los acuerdos bilaterales celebrados con otros estados, en especial en el ámbito de las diferentes comisiones mixtas binacionales.
2.1.1. Participación en las reuniones de las diferentes comisiones mixtas binacionales.
2.1.2. Cumplimiento de las responsabilidades derivadas de la participación del país en las comisiones mixtas binacionales.
2.2. Elaborar lineamientos de política exterior con respecto a otros estados en materia de drogas.
2.2.1. Definición de las prioridades en el ámbito de la cooperación bilateral en materia de drogas.
2.2.2. Desarrollo de lineamientos de política exterior con respecto a los temas y estados considerados prioritarios en materia de cooperación bilateral.
2.3. Promover el intercambio de información, de experiencias y de expertos con otros países.
2.3.1. Intercambio de información sobre las políticas y la normativa nacional en materia de drogas, y sobre las tendencias vigentes en el ámbito de reducción de la oferta y de reducción de la demanda.
2.3.2. Intercambio de experiencias emergentes de la aplicación de las políticas y la normativa nacional en materia de drogas.
2.3.3. Intercambio de funcionarios de organismos competentes especializados en materia de drogas.
3. Promover la firma de acuerdos bilaterales y multilaterales vinculados a la problemática de las drogas.
3.1. Promover la firma de acuerdos bilaterales en materia de drogas tendientes al fortalecimiento de la cooperación en aquellas áreas que se consideren más importantes.
3.1.1. Análisis y determinación de las temáticas y países con los que resultaría conveniente la firma de acuerdos bilaterales en materia de drogas.
3.1.2. Promoción de la firma de acuerdos bilaterales en función del análisis precedente.
3.2. Revisar y actualizar los acuerdos bilaterales vigentes con otros estados.
3.2.1. Análisis y determinación de la necesidad de revisar y actualizar los acuerdos bilaterales vigentes.
3.2.2. Promoción de actualizaciones en los acuerdos vigentes que requieran revisión.
3.3. Promover la suscripción y ratificación de los acuerdos y convenciones internacionales que resulten convenientes para el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de drogas.
3.3.1. Análisis de la conveniencia de suscribir y ratificar nuevos acuerdos y
convenciones internacionales en materia de drogas.
3.3.2. Promoción de la suscripción y ratificación de nuevos acuerdos y
convenciones internacionales en materia de drogas.
C- Evaluación
1- Proceso de Evaluación
El proceso de evaluación del Plan Nacional consiste en una serie de etapas tendientes a determinar el grado de cumplimiento de cada uno de los objetivos propuestos. Si bien la evaluación global del plan se llevará a cabo una vez cumplido su plazo de vigencia, a saber, el período 2005-2007, se prevé la realización de dos evaluaciones parciales hacia el final de cada uno de los años.
Tanto la evaluación global como las parciales se plasmarán en un informe escrito en el que se describan las acciones implementadas para el cumplimiento de cada uno de los objetivos y los resultados alcanzados. Las evaluaciones anuales pueden dar lugar a modificaciones y actualizaciones de las estrategias y acciones planteadas inicialmente.
La evaluación se basará en una serie de indicadores predeterminados que servirán para medir los resultados alcanzados para el cumplimiento de cada uno de los objetivos generales.
2- Indicadores de Evaluación
2.1 Indicadores en el Ambito de Reducción de la Demanda.
Prevención
Evitar y disminuir el uso indebido de drogas legales e ilegales a través del desarrollo de programas de prevención integral, dentro del ámbito de reducción de la demanda.
1. Población en general
1.1 Cantidad de programas de prevención desarrollados por organismos gubernamentales y no gubernamentales consensuados con áreas nacionales, provinciales y
municipales.
1.2 Cantidad de instituciones gubernamentales y no gubernamentales contactadas que desarrollen acciones de prevención del uso indebido de drogas.
1.3 Existencia de redes institucionales que trabajen en la temática de prevención del uso indebido de drogas.
1.4 Cantidad de Líderes Comunitarios capacitados en prevención del uso indebido de drogas.
1.5 Cantidad de organizaciones comunitarias fortalecidas en materia de prevención del uso indebido de drogas.
1.6 Cantidad de agentes comunitarios capacitados a nivel nacional, provincial y municipal en materia de prevención del uso indebido de drogas.
1.7 Cantidad de actividades de capacitación sobre prevención del uso indebido de drogas desarrolladas a nivel nacional.
1.8 Cantidad de programas sobre sensibilización y concientización de la prevención del uso indebido de drogas desarrollados en los medios de comunicación.
1.9 Existencia de material grafico producido destinado a la difusión de la temática.
2. Sectores de mayor vulnerabilidad
2.1 Cantidad de programas preventivos sobre uso indebido de drogas articulados con organismos gubernamentales y no gubernamentales que aborden la problemática de los niños y las niñas en situación de calle.
2.2 Cantidad de programas en implementación en organismos gubernamentales y no gubernamentales que incorporen acciones de prevención sobre uso indebido de drogas.
2.3 Cantidad de programas de prevención del uso indebido de drogas implementados con organismos gubernamentales y no gubernamentales en comunidades pertenecientes a zonas de frontera.
2.4 Cantidad de programas de prevención del uso indebido de drogas desarrollados en población aborigen.
2.5 Cantidad de proyectos preventivos surgidos en comunidades que hayan recibido asistencia técnica.
2.6 Cantidad de programas de prevención del uso indebido de drogas implementados en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal.
3. Comunidad Educativa
3.1 Cantidad de programas de prevención del uso indebido de drogas desarrollados en la comunidad educativa.
3.2 Cantidad de programas de prevención del uso indebido de drogas desarrollados en el ámbito de educación no formal.
3.3 Existencia de el Programa de “Prevención integral sobre el uso indebido de drogas en el Ámbito Educativo”.
3.4 Cantidad de líderes educativos de organismos gubernamentales y no gubernamentales capacitados en materia de prevención del uso indebido de drogas.
3.5 Cantidad de reuniones realizadas entre los organismos educativos provinciales y nacionales, el Poder Judicial y las oficinas provinciales de drogas para la implementación de la Medida de Seguridad Educativa.
3.6 Existencia del Programa de Capacitación en Prevención del uso indebido de drogas para la comunidad educativa con el modelo de “Formación de Formadores”.
4. Ambitos laborales público y privado
4.1 Cantidad de programas de prevención del uso indebido de drogas implementados en los ámbitos laborales.
4.2 Existencia de un Programa de Capacitación en Prevención del uso indebido de drogas para trabajadores (multiplicadores).
Neutralizar el efecto de las campañas publicitarias en medios de comunicación y vía pública que alientan el consumo de alcohol, tabaco y psicofármacos.
1 Existencia de un Comisión integrada por organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y privadas relacionadas con la elaboración y comercialización de alcohol, tabaco y psicofármacos para la regulación de pautas publicitarias.
2 Cantidad de campañas de información destinadas a la población en general, comunidad estudiantil, profesionales y trabajadores en medios de comunicación.
Asistencia
1. Conformar una Red Nacional de Asistencia a las Adicciones integrada por instituciones públicas incorporando efectores de Organizaciones no gubernamentales y privadas.
1.1 Cantidad de encuentros regionales del CO.FE.DRO.
1.2 Existencia de red de prestadores que brinden asistencia e incorpore prestadores con trayectoria de la comunidad.
1.3 Existencia de un sistema de atención telefónica durante las 24 horas para problemas relacionados con la asistencia.
1.4Cantidad de instituciones asistenciales públicas y privadas que brinden asistencia, supervisadas y auditadas.
1.5 Existencia de un Programa de Auditoria Nacional que evalúe los programas terapéuticos y su calidad.
1.6Existencia de un Registro de instituciones públicas y privadas que se dediquen a la prevención y/o asistencia sobre el uso indebido de drogas.
1.7Cantidad de profesionales y operadores del sistema de asistencia nacional capacitados.
1.8Existencia de convenios con universidades públicas y privadas.
1.9Cantidad de servicios de atención al drogadependiente implementados en hospitales generales.
1.10Cantidad de médicos capacitados en la temática de sobredosis, síndrome de abstinencia en salas de emergencia.
1.11Existencia de programas de reinserción laboral para los pacientes que egresan del tratamiento.
2.2 Indicadores en el Ámbito de Reducción de la Oferta.
1. Optimizar la coordinación de las estrategias y acciones de las fuerzas de seguridad y policiales nacionales y provinciales y de otros organismos con competencia en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos.
1.1 Cantidad de reuniones realizadas para el intercambio de información y experiencias con las fuerzas y policiales nacionales y provinciales y otros organismos con competencia en la materia.
1.2 Iniciativas o propuestas derivadas de las reuniones de intercambio de información y experiencias con las fuerzas y policiales, nacionales y provinciales y otros organismos con competencia en la materia.
1.3 Cantidad de acciones conjuntas y combinadas realizadas en el campo de las operaciones y la logística.
1.4 Resultados derivados de las acciones conjuntas y combinadas realizadas en el campo de las operaciones y la logística.
1.5 Cantidad de acciones implementadas para la mejora de los canales de intercambio y comunicación entre las fuerzas de seguridad y policiales, nacionales y provinciales y otros organismos con competencia en la materia.
1.6 Resultados derivados de las acciones implementadas para la mejora de los canales de intercambio y comunicación entre las fuerzas de seguridad y policiales nacionales y provinciales y otros organismos con competencia en la materia.
1.7 Cantidad de equipamiento de apoyo logístico entregado a las fuerzas de seguridad y policiales para las tareas de control.
1.8 Mejoras verificadas en las tareas de control a partir del equipamiento de apoyo logístico entregado.
2. Reducir la disponibilidad de drogas ilícitas (incluyendo su producción, tráfico, distribución interna, y el resto de los eslabones de la cadena de comercialización), principalmente impidiendo su ingreso a través de las fronteras, su comercialización interna y la utilización del territorio nacional para el tránsito hacia otros países.
2.1 Mejoras verificadas en los mecanismos de control existentes en las zonas de frontera; y en puertos, aeropuertos y pistas de aterrizaje autorizadas.
2.2 Cantidad de sustancias incautadas y de detenciones por tenencia y tráfico ilícita de drogas.
2.3 Cantidad de acciones implementadas para la mejora de los canales de intercambio y comunicación entre las instituciones con funciones de control que operan en las zonas de alto riesgo.
2.4 Mejoras verificadas a partir de las acciones implementadas para el fortalecimiento de los canales de intercambio y comunicación entre las instituciones con funciones de control que operan en las zonas de alto riesgo.
2.5 Mejoras verificadas en la capacidad operativa en las unidades de control en las zonas de alto riesgo.
2.6 Mejoras verificadas en los mecanismos de control en las posibles rutas de distribución interna.
2.7 Cantidad de sustancias incautadas y de detenciones por tenencia y tráfico ilícita de drogas.
2.8 Cantidad de acciones implementadas para la mejora de los canales de intercambio y comunicación entre las instituciones con funciones de control que operan en las posibles rutas de distribución interna.
2.9 Mejoras verificadas a partir de las acciones implementadas para el fortalecimiento de los canales de intercambio y comunicación entre las instituciones con funciones de control que operan en las posibles rutas de distribución interna.
2.10 Mejoras verificadas en los mecanismos de control del comercio minorista de estupefacientes.
2.11 Cantidad de laboratorios ilícitos de producción de drogas desmantelados, cantidad de sustancias y equipos incautados, y cantidad de detenidos.
2.12 Mejoras verificadas en la capacidad operativa de las unidades especializadas dedicadas al desmantelamiento de laboratorios ilícitos.
2.13 Cantidad de actividades de capacitación realizadas que contribuyan a las tareas de detección y desarticulación de laboratorios ilícitos.
2.14 Cantidad de acciones implementadas tendientes a la difusión de información técnica.
3. Evitar el desvío a canales ilícitos de las sustancias químicas controladas e impedir el contrabando de esas sustancias, especialmente en las zonas de frontera.
3.1 Cantidad de equipamiento informático y logístico incorporado para las tareas de control y fiscalización de los movimientos lícitos de sustancias químicas controladas.
3.2 Mejoras implementadas en las bases de datos del Registro Nacional de Precursores Químicos.
3.3 Cantidad de programas y cursos de capacitación realizados para el personal técnico dedicado a las tareas de control y fiscalización de los movimientos lícitos de sustancias químicas controladas.
3.4 Actualizaciones realizadas a los manuales operativos del Registro Nacional de Precursores Químicos.
3.5 Renovaciones a la certificación de calidad ISO 9001/2000 obtenidas.
3.6 Cantidad de inspecciones a las instalaciones de sujetos que operan con sustancias químicas controladas realizadas.
3.7 Cantidad de investigaciones realizadas para la determinación de posibles canales de desvío de sustancias químicas controladas.
3.8 Mejoras verificadas en los mecanismos de control existentes para evitar el contrabando de sustancias químicas controladas.
3.9 Mejoras verificadas en la capacidad operativa de las unidades de control en las zonas de alto riesgo.
3.10 Cantidad de acciones implementadas tendientes a la difusión de información técnica.
3.11 Cantidad de empresas inscriptas en el Registro Nacional de Precursores Químicos.
3.12 Cantidad de reuniones periódicas del Comité de Trabajo Conjunto (Decreto 1168/96) realizadas.
4. Generar recursos aplicables a la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos a partir de la optimización del aprovechamiento y la administración de los bienes decomisados.
4.1. Mejoras implementadas en la operatoria de la Comisión Mixta de Registro, Administración y Disposición – Ley 23.737.
4.2. Mejoras verificadas en los canales de comunicación existentes entre Comisión Mixta de Registro, Administración y Disposición y las autoridades judiciales.
4.3. Mejoras verificadas en el aprovechamiento de los recursos obtenidos por la Comisión Mixta de Registro, Administración y Disposición – Ley 23.737.
4.4. Cantidad bienes decomisados a disposición de la Comisión Mixta de Registro, Administración y Disposición – Ley 23.737.
5. Brindar formación continua y capacitación especializada a todos los actores intervinientes en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos.
5.1 Cantidad de personas capacitadas en el Curso de Auxiliares Superiores Operativos en la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos.
5.2 Cantidad de personas capacitadas en el Curso de Especialista Nacional Avanzado en la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos.
5.3 Cantidad de personas capacitadas en otros seminarios sobre la problemática del Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos.
5.4 Cantidad de cursos y seminarios realizados en colaboración con otros estados y organismos internacionales.
5.5 Cantidad de especialistas nacionales enviados como expositores a seminarios, cursos y jornadas.
5.6 Creación de la Escuela Nacional de la Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas y sus Delitos Conexos.
6.1 Disponer de modo permanente de diagnósticos actualizados sobre la problemática del tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos, y estudios técnicos vinculados a las políticas de prevención y control.
6.1 Cantidad de trabajos de investigación para la elaboración de diagnósticos actualizados y determinación de tendencias en materia de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos realizados.
6.2 Resultados derivados de los trabajos de investigación para la elaboración de diagnósticos actualizados y determinación de tendencias en materia de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos realizados.
6.3 Cantidad de trabajos de investigación sobre sustancias químicas controladas y sus eventuales posibilidades de desvío realizados.
6.4 Resultados derivados de los trabajos de investigación sobre sustancias químicas controladas y sus eventuales posibilidades de desvío realizados.
6.5 Cantidad de estudios técnicos sobre el diseño e implementación de políticas y estrategias en el área de reducción de la oferta realizados. 6.6 Resultados derivados de la realización de estudios técnicos sobre el diseño e implementación de políticas y estrategias en el área de reducción de la oferta.
7. Mantener un sistema de información centralizado en materia de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos que posibilite la disponibilidad de información actualizada y el análisis de posibles tendencias.
7.1Mejoras introducidas en el funcionamiento del registro de incautaciones de drogas y elaboración de estadísticas.
7.2 Resultados obtenidos a partir de las mejoras introducidas en el registro de incautaciones de drogas y elaboración de estadísticas.
7.3 Cantidad de equipamiento informático y software de análisis incorporado al registro de incautaciones de drogas y elaboración de estadísticas.
7.4 Mejoras introducidas en el sistema de registro de procesados y condenados por infracción a las leyes 23.737 y 25.246.
7.5 Resultados obtenidos a partir de las mejoras introducidas en el sistema de registro de procesados y condenados por infracción a las leyes 23.737 y 25.246.
7.6 Cantidad de reuniones con la Judicatura realizadas para la optimización de recolección y resultados obtenidos.
7.7 Cantidad de publicaciones informativas realizadas a partir de los datos obtenidos en los diferentes sistemas de información.
8. Modificar y actualizar la legislación vigente, incluyendo mejoras en la normativa, en los mecanismos operativos existentes y en el marco institucional para la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.
8.1 Cantidad de estudios técnicos para la introducción de modificaciones y actualizaciones en la legislación vigente realizados.
8.2 Cantidad de propuestas de modificaciones y actualizaciones a la legislación vigente.
8.3 Cantidad de leyes, decretos y resoluciones aprobados sobre la base de las propuestas presentadas.
9. Evitar el desvío de sustancias psicoactivas lícitas hacia canales ilícitos e impedir su contrabando.
9.1 Mejoras verificadas en los mecanismos de control existentes en las zonas de frontera; y en puertos y aeropuertos.
9.2 Cantidad de acciones implementadas para la mejora de los canales de intercambio y comunicación entre las instituciones con funciones de control que operan en las zonas de alto riesgo.
9.3 Mejoras verificadas en la capacidad operativa en las unidades de control en las zonas de alto riesgo.
9.4 Cantidad de sustancias lícitas desviadas a canales ilícitos decomisadas y personas detenidas.
9.5 Cantidad de acciones implementadas tendientes a la difusión de información técnica para la identificación de nuevas tendencias en el desvío a canales ilícitos de sustancias lícitas y sus métodos de ocultamiento.
9.6 Mejoras verificadas en los mecanismos de control en las posibles rutas de distribución interna.
9.7Mejoras verificadas en los controles existentes en las redes nacionales viales, fluviales y marítimas.
9.8 Cantidad de acciones implementadas para el perfeccionamiento de los canales de intercambio y comunicación entre las fuerzas de seguridad y policiales nacionales y provinciales.
2.3 Indicadores del Observatorio Argentino de Drogas.
1. Sistematizar la información disponible en la Argentina proveniente de las instituciones del estado y privadas vinculadas al uso de sustancias adictivas (incluye bebidas alcohólicas, tabaco y fármacos) y al control del tráfico de drogas (desplazamientos y precursores químicos)
1.1Diseño de un Sistema de Información sobre indicadores epidemiológicos y de tráfico de drogas.
2. Supervisar y aprobar, en coordinación con las provincias, los procesos de relevamiento necesarios para alcanzar un análisis de la situación epidemiológica a nivel nacional y provincial.
2.1 Convenios Marcos firmados entre el OAD y las Oficinas provinciales de drogas y/o Observatorios Provinciales de Drogas para el desarrollo conjunto de investigaciones epidemiológicas.
3. Definir líneas de investigación y brindar el apoyo necesario, para ser desarrolladas por estudiantes y profesores de las universidades.
3.1 Convenios Marcos firmados con Universidades Nacionales y Universidades Públicas para el intercambio de información y para el desarrollo de investigaciones.
3.2 Convenios Marcos de cooperación interinstitucional entre el OAD e Instituciones Nacionales (INDEC, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio del Interior y Seguridad, Ministerio de Desarrollo Social).
4. Completar y promover la cobertura temática en áreas relevantes del conocimiento sobre el consumo indebido de sustancias adictivas, tratamiento y control de la oferta de drogas dentro del marco de sus competencias.
4.1 Estudios Nacionales (Población estudiantil de nivel medio, Población general de 12 a 65 años, Pacientes en salas de emergencia y Pacientes en tratamiento) realizados y publicados.
4.2 Estudios en poblaciones especiales (Niños en situación de calle, Personas detenidas en comisarías, Población laboral bancaria y Estudiantes secundarios), realizados y publicados.
4.3 Técnicos y profesionales de cada una de las provincias, capacitados en metodología de investigación epidemiológica.
5. Diseminar información por medio de boletines estadísticos, series monográficas especializadas, contenidos para medios y otros recursos propios de la comunicación sobre el estado de la problemática en el país.
5.1 Difusión de los datos e información a partir de publicaciones impresas y en web (boletines)
2.4 Indicadores en el Ámbito de Cooperación Internacional.
1. Fortalecer la cooperación internacional en la problemática de las drogas a nivel multilateral, promoviendo una activa participación en los organismos internacionales especializados en la materia.
6.2 Resultados alcanzados a partir de la participación del país en la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas.
6.3 Resultados alcanzados a partir de la participación del país ante la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, ante la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y ante la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).
6.4 Resultados alcanzados a partir de la participación del país en otros organismos y mecanismos de cooperación internacionales especializados en materia de drogas.
6.5 Resultados alcanzados a partir de la participación del país en la Reunión Especializada de Autoridades de Aplicación en materia de drogas, su uso
indebido y rehabilitación de drogodependientes del Mercosur (RED).
2. Fortalecer la cooperación internacional en la problemática de las drogas a nivel bilateral, en especial en el ámbito de las diferentes comisiones mixtas binacionales.
2.1 Resultados alcanzados en las diferentes reuniones de las comisiones mixtas binacionales.
2.2 Cantidad y resultado de las acciones tendientes al fortalecimiento de la cooperación bilateral y multilateral en materia de drogas desarrolladas.
2.3 Cantidad y resultados de las acciones tendientes al intercambio de información y experiencias con otros estados desarrolladas.
3. Promover la firma de acuerdos bilaterales y multilaterales vinculados a la problemática de las drogas.
3.1 Cantidad de acuerdos bilaterales en materia de drogas firmados y actualizados.
3.2 Cantidad de acuerdos y convenciones internacionales vinculados a la problemática de las drogas suscriptos y ratificados.
D- Anexo Estadístico y Epidemiológico
1- Ambito de Reducción de la Demanda En el ámbito de Reducción de la Demanda (Prevención y Asistencia de los problemas del uso indebido de drogas), la población objetivo puede diferenciarse en una escala que mide en sus extremos a la población general por un lado y a la población con dependencia o adicción alguna sustancia, por el otro. En el interior de la escala, se encuentran grupos de riesgo, grupos usuarios experimentales y usuarios abusadores.
Orientar la prevención y la asistencia implica necesariamente poder diferenciar el peso relativo que cada uno de estos grupos tiene en el país, dónde se localizan según espacios territoriales (urbanos-rurales, ciudades capitalesinterior del país, zonas fronterizas, etc.), qué características sociales tienen (clases sociales o niveles socioeconómicos, edad, sexo, nivel de educación, situación conyugal, etc.) y cuáles son los patrones de consumo que manifiestan (tipo de sustancia, frecuencia de uso, edad de inicio, cronología de la historia de consumo). Se podría afirmar que si se tiene un conocimiento válido sobre estas tres dimensiones del problema del uso indebido de drogas en el país, la definición de las políticas podría alcanzar un nivel de precisión acorde a la descripción de la problemática.
En Argentina los estudios epidemiológicos sobre la problemática del uso, abuso y dependencia de drogas, legales o ilegales, no han tenido la continuidad y cobertura necesarias, obstaculizando la construcción de una línea de mediciones que permita el análisis de tendencias.
De todas maneras, a partir de los estudios nacionales existentes del año 1999 y 2004, en población general, y del 2001 en población estudiante del nivel medio, más otros estudios de nivel provincial o local, o sobre poblaciones específicas, como pacientes en tratamiento o en salas de emergencia, podemos conocer los niveles de consumo del país y aspectos relacionados al cambio en los patrones de consumo.
El fenómeno del uso indebido de drogas se presenta cada vez con mayor elocuencia en diferentes espacios sociales: en las calles, escuelas, barrios, lugares
de diversión, lugares de detención, zonas marginales, hospitales, líneas telefónicas de ayuda, etc., y la gama de sustancias que forman parte de las
conductas de abuso y dependencia también se van renovando, aunque siempre tengan como base niveles de alcoholización.
Las investigaciones realizadas en el país, por la SEDRONAR u otros organismos, nos permiten acercarnos a la siguiente descripción de esta problemática en Argentina:
El primer estudio Nacional sobre consumo de sustancias adictivas, realizado en el año 1999 por la SEDRONAR, nos indica que en el país el principal problema del uso indebido de sustancias psicoactivas era y es la magnitud e intensidad de la alcoholización. El 75% de los argentinos comienza a tomar alcohol antes de cumplir los 18 años y de éstos, 1 de cada 10 consume por primera vez antes de los 13 años.
Hacia 1998, el 6.6% de la población total tenía problemas de uso abusivo de alcohol y este porcentaje representa a casi 280 mil personas. El problema de la alcoholización está manifestándose a edades tempranas, casi 3 de cada 10 jóvenes (26%), un millón de personas, dicen haber tenido problemas en sus actividades habituales al día siguiente de haber consumido alcohol. Otro dato que refuerza el problema de la alcoholización en la juventud, indica que del total de la población que intentó dejar de beber y no pudo hacerlo, el 40% tiene entre 16 y 24 años.
Del Estudio Nacional del año 1999 también se desprende que casi 1.700.000 personas fumaban en 1998, más de 120.000 consumían alguna droga ilegal, principalmente marihuana, y 50.000 tomaban psicofármacos (sedantes o estimulantes) sin prescripción médica.
Recientemente se procesaron los primeros datos del Segundo Estudio Nacional realizado a mediados del año 20045. Los mismos vuelven a resaltar que el consumo de alcohol y tabaco se ubican en un lugar preferencial desde el punto de vista de la magnitud del consumo, tanto en poblaciones de adolescentes (12 a 15 años) como en la población mayor (16 a 65 años).
Fuente: Segundo Estudio Nacional de consumo de sustancias psicoactivas 2004
El 39% de los adolescentes más chicos consumieron alcohol, se inician con el consumo de cerveza a edades tempranas. Y un 11% ha fumado alguna vez. Dentro del conjunto de drogas ilegales, sigue siendo la marihuana la de mayor consumo.
Los patrones de consumo actuales indican que las mujeres se han incorporado a la modalidad del consumo masculino, desdibujando las diferencias entre sexos que se observaba años atrás.
Sin embargo 20 de cada 100 chicos dice tener amigos que consumen drogas ilegales y más aún, cinco de cada 100 declararon tener familiares consumidores. Estos valores, considerados de prevalencia indirecta de consumo, indican que gran parte de los chicos de esta edad están incluidos en grupos de riesgo o bien, son consumidores no declarados(6).
En cuanto a la edad de inicio del consumo de drogas legales, los chicos se inician entre los 11 y 14 años en el consumo de Tabaco, Cerveza y Vino. Mientras que entre los 12 y los 15 años se inician en el consumo de Whisky y otros destilados.
El consumo de alcohol y tabaco son los de mayor prevalencia en la población de 16 a 65 años: el 37% fuma y el 73% toma alcohol. El consumo de drogas ilegales ocurre en alrededor de 7 cada 100 personas. En el país dentro del conjunto de las sustancias ilegales, la marihuana, clorhidrato de cocaína y sedantes son las de mayor consumo. Hacia el año 2004, hoy, se observa un incremento relativo del consumo en la población de 35 a 49 años, de tabaco, clorhidrato de cocaína, sedantes y marihuana. Es el grupo etareo quizás con mayor tiempo de exposición a situaciones de estrés y angustias (precariedad laboral, inestabilidad de empleos, reducción del poder adquisitivo del salario, inadecuada cobertura social presente y a futuro, etc.)
Fuente: Segundo Estudio Nacional de consumo de sustancias psicoactivas 2004
(6) Es expectable que ante la dificultad (por temor o incomodidad) de dar una respuesta afirmativa sobre el propio consumo, si pueda manifestar que tiene amigos cercanos que lo hacen.
Otro dato relevante son los valores de prevalencia indirecta de consumo de drogas ilegales: 26 de cada 100 personas están en relación con personas que consumen Marihuana, 14 de cada 100 con personas que consumen Clorhidrato de Cocaína, 12 de cada 100 Sedantes, 9 de cada 100 Inhalantes y Solventes, 5 de cada 100 Estimulantes, 3 de cada 100 conocen personas que consumen Éxtasis o Pasta Base o Alucinógenos y 2 de cada 100 Opiáceos.
Se considera que existe Tolerancia Social al consumo de una sustancia cuando la persona responde que la misma es nada o poco peligrosa. El concepto de Tolerancia Social se refiere a niveles de alarma socialmente consensuados en relación con los hábitos de consumo. Los datos de este estudio nos indican que existe mayor Tolerancia Social al consumo de Marihuana y de Sedantes y en menor medida al consumo de estimulantes.
Existe en vez, un mayor nivel de alarma social respecto del consumo de Pasta Base, Clorhidrato de Cocaína, Éxtasis, Alucinógenos, Inhalantes y Opiáceos.
Los datos de un estudio en población general de la provincia de Buenos Aires, la provincia de mayor tamaño demográfico del país, realizado en el año 20027, nos muestra una profundización del problema observado años atrás.
El 8.1% de la población consume alguna droga ilegal, con mayor presencia de mujeres que en anteriores mediciones. Las drogas de mayor consumo son la marihuana y las de tipo cocaína (clorhidrato y pasta base). En cantidades de personas, sólo en la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de 600.000 personas que consumieron alguna sustancia ilícita en el año 2002.
Con relación al consumo de tabaco, aproximadamente 3.500.000 personas consumen tabaco en la actualidad en la provincia de Buenos Aires (41.5%). La mayor parte de este consumo tiene relación con la dependencia a la nicotina ya que se trata de la adicción de mayor instalación.
Respecto de los abusadores de alcohol, los datos son alarmantes, aproximadamente 2 millones de personas (el 24.3%) presentan un consumo abusivo. El uso indebido de cerveza y vino explican principalmente este comportamiento.
7 Realizado por la Subsecretaría de Atención de las Adicciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
En el conurbano bonaerense el abuso de alcohol en menores alcanza el 23.2% y al 31.2% entre la población de 18 a 25 años.
Los datos permiten sostener que estamos en un proceso de alcoholización más que preocupante en poblaciones jóvenes. Las conductas de uso abusivo de alcohol se encuentran vehiculizadas principalmente por el consumo de cerveza, cuyo incremento de ventas en el mercado interno entre los años 1980 y 2003 fue del 400%8.
Y si bien el consumo de drogas ilegales es menor en relación con las llamadas legales, también podemos sostener que este consumo se ha incrementado.
La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico cuenta con información sobre el consumo de sustancias psicoactivas en la población escolarizada de 12 a 17 años de todo el país. Los datos surgen de la primera Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media, realizada por la mencionada Secretaría a fines del 2001.
Es importante resaltar que la tasa de escolarización de la población comprendida en este grupo etáreo, era del 70% en 1991 (72% para las mujeres y 70% en los varones), y para el año 2001 se calcula que la tasa de escolarización cayó aproximadamente 10 puntos (al 60%). En este sentido, debemos considerar que aproximadamente un 40% de los jóvenes de 12 a 17 años del país, no está escolarizado. En esta franja poblacional no contenida por el sistema educativo, seguramente las tasas de consumo son mayores.
Este estudio midió la existencia de 1.500.000 estudiantes que consumieron alcohol en los últimos 30 días anteriores a la encuesta, el 50% de los cuales consumieron alcohol semanalmente, tanto varones como mujeres. Si bien la frecuencia del consumo es mayor en los estudiantes de mayor edad, se observa un comportamiento de alto riesgo también en los más chicos, y la cerveza aparece como el vehículo de este patrón de consumo frecuente, que no se diferencia por sexo ni por tamaño de localidad.
Aproximadamente 725.000 estudiantes fumaban, en mayor medida las mujeres, 44.000 estudiantes consumieron en el mes anterior a la encuesta algún psicofármaco (estimulantes o tranquilizantes) sin indicación médica. Este consumo prevalece en mayor medida en el conjunto de las estudiantes mujeres. Y aproximadamente 58.000 jóvenes escolarizados consumían en el momento de la encuesta alguna droga ilegal, de preferencia la marihuana. En este consumo participan más los varones que las mujeres.
8 Considerando los datos otorgados por la Cámara que las reúne, hacia el año 1980, la venta de cerveza en el mercado argentino fue de 240 millones de litros de cerveza, en 1998, 1.100 millones de litros y actualmente 1.300 millones de litros; lo que equivale a un crecimiento del 400%. Visto desde el consumo per cápita, en el año 1980, se ubicaba en 8 litros y medio y hacia el año 2003, se encuentra en 34 litros per cápita de consumo anual.
Entonces, el estudio indica una edad muy temprana en el inicio del consumo, que comienza con el alcohol para luego continuar con drogas ilegales y/o psicofármacos. Las jóvenes estudiantes fuman más que los varones y consumen más tranquilizantes y estimulantes. En total tenemos casi un millón de jóvenes escolarizados con problemas de uso indebido de drogas.
A partir del Primer Estudio Nacional en Pacientes en Salas de Urgencia del país, realizado por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico en diciembre de 2003, pudimos medir que el 8.2% del total de consultas9, es decir, 14.885 pacientes, acudieron a la sala de emergencia por algún problema asociado al consumo de sustancias psicoactivas, siendo el alcohol la sustancia de mayor impacto en el sistema de atención de emergencias en el país, es decir, que de los pacientes que habían consumido alcohol en las 6 horas anteriores a la consulta, el 83.7% debía la situación de urgencia a dicho consumo. En segundo lugar se encuentran la marihuana, tranquilizantes y sedantes y por último, cocaínas, inhalables y anfetaminas.
Sobre una muestra de 14.885 pacientes, que acudieron a las salas de emergencia de un hospital público de cada una de las capitales provinciales y de la ciudad de Buenos Aires, en la semana del 1 al 7 de diciembre de 2003.
Las consultas de emergencia que tuvieron asociación con el consumo de sustancias psicoactivas fueron en mayor porcentaje realizadas por varones jóvenes, con ocupaciones precarias y estudiantes.
Es decir que el consumo perjudicial de alcohol preferentemente y de otras sustancias produce problemas sanitarios severos que exigen la consulta del paciente en la guardia hospitalaria: consultas por sobredosis, síndrome de abstinencia, accidentes y violencia. Aparecen claros indicadores de consulta en guardia de pacientes con síndrome de dependencia de marihuana, de sedantes y cocaína y de consumo perjudicial de tranquilizantes, marihuana y cocaína (sobredosis).
El estudio muestra una fuerte relación entre las situaciones de violencia (doméstica, sexual, callejera, etc.) y el consumo de sustancias asociado a este motivo, es decir, del total de casos de violencia, casi un 50% tiene relación con el consumo de sustancias. Los datos relacionados a los intentos de suicidio corroboran los datos obtenidos en investigaciones anteriores, donde el 66.3% está asociada la atención al consumo de sustancias.
Conociendo datos parciales sobre la cantidad de personas que tienen problemas de abuso y dependencia de alcohol y de otras sustancias, y sabiendo que durante el año 2003 en el país aproximadamente 200.000 personas estuvieron en tratamiento por problemas de uso indebido de sustancias10, se concluye que la atención no cubre la inmensidad del problema existente.
La oferta de lugares de tratamiento en el país es en un 43% pública y en un 32% privada, en tanto que los pacientes con tratamiento se encuentran en un 72% atendidos en centros públicos. Es la modalidad de tipo ambulatoria la que se ofrece en el 64% de los casos y la de tipo residencial en un 22.4%.
(10) Datos del Primer Censo Nacional de Centros de Tratamiento. SEDRONAR. 2003
El análisis de los pacientes tratados nos muestra nuevamente la importancia del alcohol como droga de inicio, como droga de mayor daño reconocida por ellos mismos y como la sustancia que en primer lugar determina la demanda de tratamiento. Los pacientes en el país están en tratamiento principalmente por dependencia al alcohol, marihuana, clorhidrato de cocaína, pasta base, inhalantes o solventes y tranquilizantes (benzodiazepinas y otros). Los perfiles sociodemográficos de consumo se diferencian según drogas de inicio y drogas posteriores, observándose una extensión en el consumo de alcohol, marihuana y cocaínas.
2 -Ambito de Reducción de la Oferta.
La República Argentina no es un país productor de drogas ilícitas desde que solamente se ha verificado la existencia de cultivos aislados extendidos en superficies de reducido tamaño. No obstante, el país se ve afectado por el tránsito de sustancias ilícitas desde países productores vecinos y, en razón de la potencialidad de su industria química, resulta altamente vulnerable al desvío y contrabando de sustancias químicas controladas utilizables en la elaboración de estupefacientes. Por otra parte, al igual que la mayoría de los países, Argentina se ha visto afectada en los últimos años por un incremento en las cantidades disponibles de drogas ilícitas de tipo sintético, especialmente estimulantes de tipo anfetamínico, aunque nuevamente el país es receptor de productos originados en otros estados. Estas circunstancias demuestran que los mayores factores de riesgo en materia de tráfico ilícito de drogas orgánicas y sustancias químicas controladas se concentran en las zonas de la frontera norte del país, y en el caso de las drogas sintéticas en los grandes aeropuertos, principalmente en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Argentina no cuenta con áreas cultivadas de relevancia en términos de potencial de producción de drogas ilícitas de tipo orgánico pudiendo encontrarse solamente cultivos aislados de cannabis, no intensivos y extendidos en pequeñas superficies. De hecho, en los últimos cinco años sólo han sido detectadas y erradicadas superficies muy inferiores a una hectárea, con excepción del año 2001 en el que fueron erradicados 10.262,5 metros cuadrados.
En el período enero-septiembre del año 2004 se erradicaron 24 cultivos con una superficie total de 239,550 metros cuadrados. Aún en el caso de las cantidades registradas en el año 2001, la magnitud resulta irrelevante en términos de potencial de producción teniendo en cuenta que en los principales países productores de marihuana en el continente, las superficies erradicadas anualmente suelen superar, ampliamente en algunos casos, las 1000 hectáreas. Asimismo, es importante tener en cuenta que estas superficies surgen de la sumatoria de varias acciones de erradicación en diferentes ubicaciones. Las áreas de cultivo erradicadas en el período 1999-2003 se circunscribieron a cinco territorios provinciales (Santa Fe, Entre Ríos, Salta, Buenos Aires, Neuquen y Chubut). Las mayores superficies se ubicaron en las provincias de Salta y Neuquen , mientras que las mayores cantidades de cultivos se ubicaron en las provincias de Santa Fe (33) y Buenos Aires (22). Esto último indica que los cultivos erradicados en las provincias de Salta y Neuquen correspondían a cultivos de mayor extensión.
De acuerdo a las estadísticas existentes, las mayores cantidades de drogas ilícitas incautadas en el territorio nacional son marihuana, cocaína, hoja de coca, pasta base y heroína. Si bien las variaciones de las cantidades de drogas incautadas no son indicativas de las variaciones en su tráfico ilícito resultan relevantes a los fines del presente diagnóstico.(11) Las cantidades de heroína incautadas en el período 1999-2003 se han visto incrementadas, aunque no de modo constante, año tras año.
(11)Si bien existe una convención internacional que indica que lo incautado representa aproximadamente de un 7 a un 10% de las cantidades reales de tráfico, esta estimación carece de rigor científico desde que lo incautado depende de una multiplicidad de factores.
En el período enero-septiembre de 2004 se incautaron 3, 290 kilogramos de heroína. Esta tendencia creciente en materia de cantidades de heroína incautada, que parecería revertirse en el año 2004, se ha verificado también en todo el continente y en América del Sur (con excepción del año 2003). Si se comparan las cantidades incautadas en el país con las incautadas en estas dos regiones, surge con claridad que en nuestro país esas cantidades no resultan significativas.
En Argentina, la tendencia creciente en materia de incautaciones de heroína se presenta desde el año 1996 con excepción de los años 1998, 1999 y 2002. En el año 2003 se incautó la mayor cantidad de heroína en los últimos 14 años.
En el período 1999-2003 las incautaciones de heroína se produjeron en las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe, y en Capital Federal. La Provincia de Buenos Aires representó un 86% en términos de cantidades incautadas en todo el país. Es importante destacar con respecto a esto último, que los datos correspondientes a la Provincia de Buenos Aires incluyen al Aeropuerto Internacional de Ezeiza desde que la vía aérea constituye la ruta más usual de tráfico de heroína. Asimismo, cabe advertir que nuestro país se ha convertido en los últimos cinco años en un lugar de tránsito de heroína colombiana principalmente en su ruta hacia la costa este de los Estados Unidos.
Con relación a la marihuana, las cantidades incautadas se han venido incrementando año tras año de modo considerable. En el período eneroseptiembre de 2004 se incautaron 43.920,303 kilogramos de marihuana.
Esta tendencia no se verificó en el total del continente donde las cantidades incautadas han disminuido levemente en los años 2001 y 2002, aunque se vieron nuevamente incrementadas en el año 2003.
No obstante, esta tendencia creciente sí se ha registrado en América del Sur, con excepción del año 2003.
La tendencia creciente en materia de incautaciones de marihuana descripta, se viene dando desde el año 1990, con excepción de los años 1993 y 1998.
Las mayores cantidades incautadas en el período 1999-2003 (el 45% del total incautado en el país) se registraron en la Provincia de Misiones, siguiendo en orden de importancia las provincias de Buenos Aires (15%) y de Corrientes (13%). En su casi totalidad, la marihuana que ingresa al territorio nacional proviene de Paraguay. En mucho menor grado, se verifica el ingreso marihuana desde Brasil.
En materia de incautaciones de sales de cocaína, se han verificado incrementos en las cantidades incautadas en el año 2003, aunque estas no superan los valores más altos del quinquenio correspondiente a los años 2000 y 2001. Por otra parte, en el período enero-septiembre de 2004 se han incautado 2.155,914 kilogramos.
En el total del continente ha habido una tendencia creciente (con excepción del año 2001) aunque no tan marcada como la correspondiente a América del Sur (con excepción de ese mismo año).
En materia de incautaciones de sales de cocaína, los valores registrados en los últimos cinco años son, no obstante, inferiores a los picos alcanzados en los años 1995 y especialmente en el año 1997.
En el período 1999-2003, las mayores cantidades de sales de cocaína fueron incautadas en la Provincia de Salta (42%) siguiendo en orden de importancia las provincias de Buenos Aires (29%), Jujuy (11%) y Capital Federal (8%).
Con respecto a las incautaciones de hojas de coca, las cantidades incautadas han disminuido sensiblemente en los años 2002 y 2003. En el período enero-septiembre de 2004 se han incautado 29.812,248 kilogramos de hojas de coca.
En el período 1999-2004, las mayores cantidades fueron incautadas en la Provincia de Salta (57%) siguiendo en orden de importancia la Provincia de Jujuy (38%). El origen de las sales de cocaína y de las hojas de coca que ingresan al país es principalmente Bolivia y, en menor medida, Perú y Colombia.
En materia de incautaciones de pasta base, las cantidades incautadas han disminuido también sensiblemente en los años 2002 y 2003, aunque cabe advertir que el año 2001 había marcado un record en esta materia. En el período eneroseptiembre de 2004 se incautaron 13,927 kilogramos de pasta base.
En el período 1999-2003, las mayores cantidades se incautaron en la Provincia de Buenos Aires, siguiendo en orden de importancia la Provincia de Salta (11%).
En materia de psicotrópicos(12), estimulantes de tipo anfetamínico y LSD se han verificado incrementos en las cantidades incautadas en los últimos cinco años, aunque no de modo constante. Las mayores cantidades de psicotrópicos incautadas se registraron en el año 2002, mientras que las de estimulantes de tipo anfetamínico y LSD se registraron en el período enero-septiembre de 2004 (52.672 y 8.498 unidades, respectivamente). En este último período, se incautaron 6.975 unidades de psicotrópicos.
(12) Con relación a los psicotrópicos incautados cabe aclarar que desde que se trata de sustancias que pueden ser comercializadas en forma legal, cuando se incluyen en el presente documento sólo se hace referencia a los psicotrópicos decomisados por desvío a canales ilícitos.
Los procedimientos en los que se incautaron estimulantes de tipo anfetamínico tuvieron lugar en la Provincia de Buenos Aires (en especial en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza), en la Capital Federal, en la Provincia de Santa Fe (específicamente en la ciudad de Rosario), y en la Provincia de Misiones (más específicamente en el Puente Internacional Posadas).
La cantidad de laboratorios clandestinos desarticulados se ha mantenido casi constante en los últimos cuatro años (no se cuenta con información correspondiente al año 1999).
En el período 2000-2003, la mayor cantidad de laboratorios descubiertos se dedicaban a la producción de sales de cocaína. Idéntica situación se verifica en el período enero-septiembre de 2004. En ese período se han destruido 9 laboratorios dedicados a la producción de sales de cocaína, y 3 dedicados a la producción de sales de cocaína y pasta base. El 82% de los laboratorios desarticulados en el período 2000-2003 estaban ubicados en la Provincia de Buenos Aires, aunque también fueron detectados en Capital Federal y en las provincias de Santa Fe, Salta y Jujuy.
En promedio, en el período 1999-2003, las fuerzas de seguridad realizaron 22.000 procedimientos anuales por infracción a la Ley 23.737. En el período enero-septiembre de 2004 se han realizado 18.299 procedimientos.
Cabe destacar que ese promedio de procedimientos realizados presenta una diferencia muy marcada con relación a la cantidad registrada desde el año 1991. En los años 1991 a 1998, la cantidad de procedimientos anuales realizados osciló entre los 4.000 y los 11.000.
En el período 1999-2003, se registró un promedio de 29.000 detenidos por año aunque la cantidad ha venido disminuyendo de forma leve desde el año 2002. En el período enero-septiembre de 2004, se registraron 23.320 detenidos. No obstante la disminución señalada, la cantidad de detenidos en estos años es muy superior a la registrada en los años 1991 a 1998.
En el período 1999-2003, el 69,6% de las detenciones correspondieron al delito de tenencia de estupefacientes, mientras que el 30,4% correspondió a los delitos de tráfico ilícito de drogas. Esta relación se ha mantenido casi constante en cada uno de los años considerados. En el período enero-septiembre de 2004 se registraron 6.864 detenidos por tráfico y 16.456 por tenencia.
No obstante, esta relación no se ha presentado de igual manera desde el año 1992, desde que en la mayoría de los años hasta 1998 la relación promedio es de aproximadamente 60% de detenidos por tenencia y 40% por tráfico.
La mayoría de las detenciones en el período 1999-2003 se han producido en Capital Federal (40%) y en la Provincia de Buenos Aires (29%).
En el período 1999-2003, las principales sustancias que han dado origen a detenciones son la marihuana y las sales de cocaína. En el período 1999-2003, en el 63% de las detenciones la sustancia encontrada fue marihuana mientras que en el 26% se trató de sales de cocaína. En el período enero-septiembre de 2004, en aproximadamente el 70 % de las detenciones se trató de marihuana y en el 20 % de sales de cocaína.
La cantidad de detenciones en las que se encontraron sales de cocaína ha disminuido en el período 1999-2003, mientras que la cantidad de detenciones en las que se encontró marihuana se ha mantenido casi constante con excepción del año 2002. Los valores registrados en el período enero-septiembre de 2004 parecen seguir esta misma tendencia.
La mayoría de las personas detenidas en el período 1999-2003 eran de sexo masculino (88%). Este porcentaje se ha mantenido casi constante en cada uno de los años considerados. Similar porcentaje se ha presentado en el período enero-septiembre de 2004.
La mayoría de las personas detenidas en el período 1999-2003 pertenecían al grupo etario de 20 a 24 años (29%). Esta tendencia se repitió en cada uno de los años considerados individualmente y es la que viene registrándose en el período enero-septiembre de 2004. En todo el período 1999-2003, hubo 7 detenidos menores de 10 años, 1.492 detenidos de 10 a 14 años, 31.839 detenidos de 15 a 19 años, 41.274 detenidos de 20 a 24 años, 30.456 detenidos de 25 a 29 años, 17.605 detenidos de 30 a 34 años, y 22.303 detenidos mayores de 35 años.
El 70% del total de detenidos en todo el período era menor de 30 años. Esta tendencia consistente en que la mayoría de los detenidos pertenece a edades inferiores a los 30 años se ha mantenido constante en cada uno de los años considerados con las siguientes variaciones: 76% en 1999, 74% en 2000, 71% en 2002 y 70% en 2002 y 2003. En el período enero-septiembre de 2004, el 70% de los detenidos era menor de 30 años.
En el período 1999-2003, la cantidad de armas de fuego incautadas ha disminuido de modo significativo año tras año, contrarrestando la tendencia creciente que se venía verificando desde 1991 con excepción de los años 1994, 1996 y 1998. En el período enero-septiembre de 2004 se incautaron 463 armas de fuego.
Con relación a las sustancias químicas controladas, cabe destacar que dada la importancia de la industria química en el país, Argentina es uno de los principales productores de los químicos necesarios para el procesamiento de sales de cocaína y heroína de la región.
Las sustancias químicas que más frecuentemente han sido objeto de incautaciones en nuestro país desde el año 1989 son alcohol etílico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, amoníaco anhidro, éter etílico y acetona. No obstante,en los últimos cinco años se han agregado hidróxido de sodio, permanganato de potasio y metil-etil-acetona.
Estas incautaciones son producto de procedimientos realizados en casos de contrabando (principalmente de tipo vecinal transfronterizo) y en pequeños laboratorios (cocinas) que han sido descubiertos. No obstante, con relación a la región y al continente, las cantidades incautadas dentro del territorio nacional, son relativamente bajas.
|
|
|
|
 |
|
|
